Capital del conflicto de interés
Durante septiembre y octubre, los futuros comisarios europeos deberán someterse al escrutinio del Parlamento Europeo, un examen que a alguno de ellos podría costarle el cargo si los eurodiputados detectan conflictos de interés entre sus futuras funciones y su actividad privada anterior o sus inversiones financieras.
El examen asusta a los candidatos, hasta el punto de que el comisario elegido por el gobierno británico ha decidido vender a toda prisa su participación de 375.000 libras esterlinas en una consultora para disipar suspicacias.
El afán inquisidor de los parlamentarios parece lógico tratándose de los futuros miembros de una institución tan poderosa como la Comisión. Pero cabe preguntarse si los exámenes persiguen verdaderamente depurar los conflictos o si solo se trata de otra demostración de fuerza por parte de un Parlamento cada vez más poderoso. La duda surge porque ni antes ni después de los exámenes parece haber un control estricto sobre la conducta en las instituciones europeas, incluido el propio Parlamento.
La puerta giratoria entre el sector público y el privado está muy bien engrasada en esas instituciones y Bruselas puede reivindicar sin dificultades el título de capital europea de los conflictos de interés.
En el Parlamento Europeo se sientan eurodiputados que mantienen durante toda la legislatura su actividad privada, aunque esté directamente relacionada con las materias sobre las que legislan. Y hasta 2012, tras el escándalo de las enmiendas pagadas por los lobbies, la Eurocámara no adoptó un código de conducta para sus miembros.
Código de conducta que “no prohibe los conflictos de interés, pero busca que se declaren rápidamente y con transparencia”, como ha señalado por escrito, sin un ápice de ironía, el presidente del Parlamento, Martin Schulz.
El caso más flagrante y conocido fue el de un eurodiputado conservador alemán que durante años compatibilizó su trabajo en un potente despacho de abogados con su escaño e incluso con la presidencia de la comisión parlamentaria de asuntos jurídicos.
Ese eurodiputado no sufrió los reproches de su partido o de su país. Todo lo contrario. El gobierno de Angela Merkel le ha recompensado este año nombrándole como representante alemán en el Tribunal de Cuentas de la UE, el órgano encargado de fiscalizar los presupuestos europeos.
Otros parlamentarios han ocultado cantidades importantes de stock options en empresas cotizadas o sus servicios legales a grandes compañías, como señala un reciente informe de Corporate Europe Observatory (CEO), organización no gubernamental que, entre otras cosas, se dedica a escrutar los conflictos de interés en Bruselas.
La misma organización sostiene que la Comisión presidida por José Manuel Barroso, cuyo mandato expira el 31 de octubre, “ha sido presa fácil de los intereses empresariales”. CEO considera que en los últimos años “las empresas europeas han explotado la crisis con mucho éxito para imponer sus puntos de vistas y sus agendas”, señala la ong.
Los comisarios de Barroso tendrán que guardar un período de enfriamiento de 18 meses cuando pasen la cartera a los miembros del equipo presidido por Jean-Claude Juncker. Durante ese período deberán notificar a la Comisión las actividad privadas que ejerzan para que un Comité de ética verifique que no se presta a la utilización abusiva de los contactos e informaciones adquiridos durante su mandato.
Pero el rigor de ese Comité ha estado en entredicho. Por ejemplo, en 2012, cuando la Comisión asignó la presidencia del comité a un abogado que prestaba servicios a grandes empresas. El conflicto de interés provocó protestas, pero Barroso solo sustituyó en 2013 al presidente tras la apertura de un expediente por parte del Defensor del Pueblo europeo.
El régimen es aun más relajado para los altos cargos de otras instituciones. Varios directivos del BCE han entrado en nómina de las grandes entidades financieras nada más terminar su mandato o tras la jubilación.
Todo ello no impedirá que a la vuelta del verano los europarlamentarios pongan la lupa sobre los posibles conflictos de interés de los aspirantes a la Comisión, como los del británico Lord Hill o el español Miguel Arias Cañete (si se confirma la candidatura del ex ministro de Agricultura).
El veredicto individual de cada examen no es vinculante. Pero los candidatos que sean vapuleados se verán obligados con toda probabilidad a renunciar al cargo, a pesar de haber sido elegidos por sus respectivos Gobiernos. Los que pasen el examen, casi seguro que no volverán a ser molestados por muchos conflictos de interés en los que incurran.