Ferrovial intenta evitar la primera liquidación de una autopista
A grandes males, grandes remedios. La sociedad concesionaria de la autopista AP-36 disputa un match point en el discurrir de su situación concursal. Para hoy está fijada la junta de acreedores y la empresa, participada por Ferrovial, Sacyr y Kutxabank, propondrá una solución de continuidad para la concesión que pasa por el pago de la deuda e intereses sin quita alguna. Son 522 millones repartidos entre Santander, BBVA, La Caixa, Sabadell, Popular, Bankia, HSBC o Deutsche Bank, entre otros.
El esfuerzo que se pide a los acreedores es que estén dispuestos a cobrar en 43 años, de aquí a 2057. Eso sí, el convenio refleja que los pagos de la concesionaria se realizarían desde el primer minuto.
Al margen de la banca, a los particulares que aún están por cobrar por el suelo expropiado para la construcción de esta autopista entre las localidades de Ocaña y La Roda se les reconocen máximos privilegios: verían cubiertos los impagos de manera inmediata.
Tras un arranque de año de cierta reanimación en el tráfico, especialmente en Semana Santa, la concesionaria parece tener disponibilidad de caja para afrontar los compromisos con los expropiados, a los que adeuda una cantidad ligeramente por debajo de los cinco millones de euros, según fuentes conocedoras de las cuentas pendientes.
Los inicios
- La autopista AP-36 fue adjudicada en febrero de 2004, con José María Aznar aún en el Gobierno, por un consorcio controlado en un 55% por Ferrovial; Europistas (Sacyr) tenía el 40%, y Kutxa, un 5%.
- Las obras precisaron 565 millones y 18 meses de ejecución. En el momento de máxima actividad trabajaron en ella 3.000 personas.
- Las operaciones de la autopista AP-36 arrancaron en julio de 2006. La duración de la concesión es de 36 años, hasta 2040.
Más plazo de explotación
La AP-36 fue a concurso de acreedores con 522 millones de euros de deuda bancaria vencida. La propuesta que se traslada hoy a los financiadores de la infraestructura no depende tanto de la compañía como del apoyo del propio Gobierno. En caso de cerrar un acuerdo con los bancos, la concesionaria pedirá a Fomento una extensión en el plazo de explotación por 30 años. Con ello se buscaría generar los flujos de caja que permitan el pago del crédito a 43 años vista, siempre con la esperanza de que esta autopista, alternativa a la A3 entre Madrid y Valencia, funcione cuando se recupere la economía.
La extensión se reclamaría como una fórmula de reequilibrio económico financiero de un contrato concesional que vence en el año 2040.
El anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya articuló dos fórmulas para compensar a la decena de concesionarias en crisis: los sobrecostes por expropiaciones, que fueron tasadas en los tribunales, se pagaban con créditos participativos, mientras la acusada caída del tráfico derivada de la recesión económica se pretendía cubrir con cuentas de compensación. Ambas circunstancias, justiprecios en la compra de suelo y el incumplimiento de las previsiones de usuarios, eran inesperadas cuando en 2004 se firmaron los contratos de explotación.
La mayor parte de las cantidades prometidas por el Gobierno no fueron desembolsadas y la AP-36 tiene reclamaciones ante los tribunales por el incumplimiento.
Ahora gran parte de la solución para que la AP-36 pueda sobrevivir a su concurso depende de nuevo de Fomento y la citada extensión del plazo. De este modo, la autopista podría salir adelante con o sin rescate de autopistas por parte del Gobierno.
Un parche en medio de una grave crisis
La Madrid-Levante (AP-36), es la primera concesionaria en presentar convenio de acreedores en el marco de los concursos de una decena de autopistas. Toda una piedra de toque para saber si están abocadas a la liquidación o pueden sobrevivir.
Eso sí, el de la AP-36 es un caso fácil frente a los de las radiales de Madrid. Está prácticamente limpia de deuda por expropiaciones y no debe dinero a sus constructoras. La deuda, de 522 millones, es con bancos.
Tras la concesión hay una responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) que responde en caso de liquidación por causas ajenas a la concesionaria. Los accionistas de la AP-36 cedieron este salvavidas a la banca como garantía de que los créditos serían cobrados si la concesionaria quebraba. La RPA de la AP-36 es de 487 millones.
Los acreedores están en una encrucijada: aprueban el convenio y cobran en 43 años; instan la liquidación y van a por la RPA, proceso que podría llevar meses, o esperan a que el Gobierno ponga en marcha la Empresa Nacional de Autopistas y cobran en bonos a 30 años tras una quita del 50%.
Si los bancos estuvieran exclusivamente afectados por la AP-36, la salida más ventajosa sería la de la liquidación. Pero tienen deudas pendientes en otras nueve autopistas en dificultades (4.000 millones en total). En algunas no existe la RPA y en otras el Gobierno la recortará restando la deuda por expropiaciones (1.000 millones entre las distintas concesionarias).
Ante esta situación, Santander ha recomendado aceptar el rescate del Gobierno. Eso sí, se pide a Fomento que mejore las condiciones de los bonos que canjean la deuda. La Empresa Nacional de Autopistas ofrecerá un 1%, más un variable en función del tráfico, y desde la banca se reclama el rendimiento mínimo fijo del bono español.
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