Está pasando

Movilizará más de 2.500 millones en ayudas directas y subsidiación de créditos

Llega el primer plan de vivienda que solo financia alquiler y rehabilitación

  • La nueva ayuda al alquiler no será exclusiva para jóvenes
  • Se acaba la construcción de VPO en régimen de propiedad
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La ministra de Fomento, Ana Pastor, durante una de sus intervenciones en la sesión de control al Ejecutivo celebrada en el pleno del Congreso de los Diputados. EFE/Sergio Barrenechea

(EFE)

Con más retraso del inicialmente previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado el último trámite necesario para que el Gobierno central pueda firmar los convenios bilaterales con las comunidades autónomas y poner así en marcha el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, según confirmaron a CincoDías fuentes oficiales.

Una vez recibida esta autorización, Fomento espera cerrar en el menor plazo posible esos acuerdos con las autonomías, que son las que tienen transferidas las competencias de vivienda. “En esta ocasión ha sido más complicado que otras veces porque había que cerrar planes anteriores, cuyas ayudas ya no tendrán continuidad en este nuevo. Hay que recordar que desaparece la promoción de VPO en régimen de propiedad”, explican desde el departamento que dirige Ana Pastor.

Así, el nuevo plan prevé movilizar en los próximos dos años y medio un total de 2.311 millones de euros en ayudas directas y el pago de la subsidiación de intereses de los préstamos hipotecarios subvencionados que aún están en vigor. A esa cantidad, habrá que sumarle los 216 millones adicionales que algunas comunidades autónomas se han comprometido a aportar, “por lo que en el reparto de fondos, también verán incrementada su cuota inicial”, subrayan desde el Ejecutivo.

Las mismas fuentes explican que el plan generará una inversión privada inducida de otros 1.200 millones y creará más de 30.000 empleos directos y hasta 105.000 indirectos. Desterrada la vivienda social en régimen de compra, los dos pilares del programa serán la rehabilitación y el alquiler.

Con un amplio excedente todavía de casas por vender, la estrategia no podía seguir siendo edificar más. Por eso, la rehabilitación se convierte en la estrella. Habrá ayudas directas para fomentar las obras de renovación de viviendas y edificios y una financiación bancaria especialmente diseñada para estos proyectos, gracias al compromiso adquirido por las entidades después de meses de negociación con el Ejecutivo y las constructoras. Será uno de los sectores donde cobrará especial importancia la colaboración público-privada.

En este sentido, el Ejecutivo trabaja en paralelo en el diseño de la denominada Estrategia de futuro para la Rehabilitación y la Eficiencia Energética. Se trata de otro plan de actuaciones cuyo objetivo es movilizar inversiones para la renovación del parque de edificios residenciales, tanto públicos como privados.

Dicha estrategia incluye un diagnóstico del parque inmobiliario español y una definición de los mejores enfoques de renovación, identifica cuáles son las políticas y medidas de estímulo más rentables; y todo ello con una perspectiva de futuro, indican desde Fomento. En este sentido, Pastor anunció recientemente que el Gobierno remitirá en breve ese diagnóstico a Bruselas, tal y como establece la Directiva 2012/27/UE sobre eficiencia energética.

El Gobierno ya había modificado con anterioridad la Ley de Rehabilitación para eliminar las trabas jurídicas y administrativas que habían impedido en el pasado numerosos proyectos. La norma regula, por primera vez, “un límite económico homogéneo para el deber legal de conservación que cabe exigir a los propietarios” e introduce la posibilidad de que las plusvalías que se generen en estas obras de rehabilitación reviertan sobre las comunidades de propietarios, facilitando así su financiación.

Hacia una nueva renta para los inquilinos

Una de las novedades que incluye este plan plurianual lo constituye la nueva ayuda directa al alquiler. Según el último texto aprobado hace ya más de un año por el Consejo de Ministros, se trata de una renta que podrán recibir las personas físicas mayores de edad (no es exclusiva para jóvenes) con un límite de ingresos inferior a tres veces el IPREM, unos 1.600 euros mensuales o 22.365 euros brutos al año.

Estos topes, no obstante, serán modulables según el número de miembros y composición que tenga la “unidad de convivencia” que solicite esta ayuda. Esta circunstancia representa un cambio importante respecto al sistema anterior, (la renta básica de emancipación ideada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) que concedía la ayuda a título individual. Y esto, en opinión del actual equipo del Ministerio de Fomento, es lo que asegurará que el dinero público llegue a las familias más necesitadas.

En términos generales, la ayuda podrá alcanzar el 40% de la renta que pague el inquilino, que no podrá ser superior a los 600 euros mensuales. En cualquier caso, el límite será de 2.400 euros por vivienda y año por un plazo máximo de 12 meses prorrogables hasta la finalización del plan. Asimismo, siempre tendrán preferencia las personas que hayan sido desahuciadas, advierten fuentes oficiales.

El Gobierno espera con este nuevo sistema de ayuda al arrendamiento llegar a un mayor número de beneficiarios y evitar el fraude. En lugar de los 80.000 perceptores que quedaban el año pasado de la renta básica de emancipación, Fomento espera poder atender a partir de ahora las necesidades de 133.000 hogares. Otro de los programas estrella será el de impulso para la creación de un parque público de viviendas para arrendar.

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