La Autoridad Fiscal intensificará el control sobre las comunidades incumplidoras

Este organismo de nueva creación arranca con el difícil propósito de garantizar que todas las administraciones cumplen con los criterios de sostenibilidad presupuestaria y financiero fijados en las leyes nacionales y europeas: un máximo de déficit público del 3% del PIB y de deuda pública del 60%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) velará por el cumplimiento de estas dos reglas, junto a otras de ámbito nacional como la regla anual de gasto público (que fija que siempre sea inferior al crecimiento del PIB a medio plazo) o el factor de sostenibilidad de las pensiones (que liga la evolución de esta partida al de la economía).

Y el primer trabajo que se hará público en las próximas semanas será un informe sobre el grado de cumplimiento de los planes de reequilibrio que han presentado las seis comunidades que se desviaron del objetivo de déficit pactado el pasado ejercicio. Fueron Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña y Navarra, cuyo déficit superó el 1,54% de media. El presidente de Airef, José Luis Escrivá, explicó que el informe incluirá recomendaciones sobre la evolución de los gastos y de los ingresos de cada una de las comunidades. “Las recomendaciones que se incluyan deben ser cumplidas por las Administraciones. O cumplen o tendrán que explicar en público las razones si no lo hacen”, apuntó Escrivá. Este organismo, sin embargo, no tendrá capacidad para sancionar o para activar mecanismos coercitivos contra las administraciones que no cumplan sus recomendaciones. “Todo el proceso, tanto la recomendación como la decisión de la autonomía en caso de rechazo, se revisará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera”, remarcó. Este organismo, en el que están representados Hacienda y las comunidades autónomas, sí que tiene competencias para poder sancionar a las comunidades díscolas. La Ley de Estabilidad Presupuestaria le faculta para suspender competencias normativas sobre tributos cedidos, aprobar acuerdos de no disponibilidad de crédito e incluso constituir un fondo como una especie de reserva en el Banco de España por el 0,2% del valor nominal del PIB autonómico. En última instancia incluso podría decretarse la intervención de la economía, algo que Hacienda descarta por ahora.

El informe del Airef verá la luz en las próximas semanas y fuentes de Hacienda confirman que se celebrará, aún sin fecha fija, un Consejo de Política Fiscal y Financiera a renglón seguido. Por lo tanto, el calendario cuadra para que Hacienda intensifique el control sobre aquellas autonomías que no hayan reconducido sus cuentas públicas.

Además de informes, la Airef también se encargará de emitir opiniones, que en ningún caso serán vinculantes. Las dos primeras también se harán públicas este mes sobre cambios en el procedimiento del ciclo presupuestario y el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda. El calendario establece que en la segunda mitad del año emitirá tres informes sobre previsiones macroeconómicas, presupuestos de las distintas administraciones públicas y los mecanismos de corrección previstos en la Ley de Estabilidad. También ofrecerá en esas fechas una opinión sobre cuanto se tienen que revalorizar las pensiones.

Escrivá mostró especial atención por el control de la deuda pública. “Nos preocupa el nivel de deuda. En siete años ha alcanzado un nivel muy alto y eso debe llevar a que las administraciones hagan sendas de reconducción de la deuda pública que sean exigentes, fiables y fáciles de alcanzar”, apuntó. Asimismo apuntó que solo valorará la reforma fiscal si afecta al déficit o la deuda. “La ley no nos habilita a estudiar normativas legislativas”, remarcó.