¿Una oportunidad perdida?

La finalidad de los impuestos es sufragar el gasto público. La cuestión prioritaria no es por tanto subir o bajar impuestos, sino averiguar si el gasto se está gestionando de forma eficiente y eficaz. Y si no lo está, hay que reducirlo. Afrontar pues una reforma fiscal sin acometer la reforma estructural de la Administración y sin debatir el modelo de Estado del bienestar que nos podemos permitir es empezar la casa por el tejado. Y es cierto que nuestro sistema fiscal requiere una reforma con profundidad. No en vano, adolece, y mucho, de ineficiencia e inequidad. Pero es mucho más importante no ingresar más de lo necesario para sufragar el gasto gestionado de forma eficiente. Ni un céntimo de euro más. ¿Y cuánto es ese importe? Pues no lo sé, pero sí sé que como ciudadanos tenemos el derecho a conocerlo ya que todo céntimo de euro que se recaude de más carece de legitimidad constitucional.

Es además difícil de entender que en un contexto de déficit presupuestario y de elevado endeudamiento se bajen impuestos. Pero para enjuiciarlo es imprescindible conocer el montante a financiar, su gestión y las alternativas de financiación. Y después, y solo después, acometer la reforma del sistema tributario, que exige, a su vez, un amplio debate sobre el sistema en su globalidad y sobre su modelo de gestión. Hay que reflexionar, por ejemplo, sobre la fiscalidad de la riqueza, sobre la conveniencia de un mayor protagonismo de la fiscalidad indirecta con relación a la imposición directa, posicionarse ante la siempre difícil opción entre eficiencia y progresividad, avanzar en la fiscalidad verde, etcétera.

No se puede, por tanto, abrir más brechas de las que ya existen. Es también necesario un nuevo modelo de gestión de los tributos basado en el diálogo, la confianza mutua y la participación social. Un modelo en el que la voz de los contribuyentes tenga quien la escuche y se dé pronta respuesta a los muchos problemas que la fiscalidad plantea en la praxis diaria. Compartiendo y debatiendo criterios y proyectos. Generando confianza y cercanía. Un modelo que se asiente en los valores y en la ejemplaridad pública de quien tiene una posición social o económica relevante o privilegiada.

Es cierto que es importante inyectar liquidez a los bolsillos de los ciudadanos. Pero es mucho más importante transmitir confianza y proyecto de futuro. Es la diferencia entre el corto y el largo plazo. Entre presente y futuro. Y mucho me temo que esa mayor liquidez se va a destinar a corto a mejorar el actual empobrecimiento de las rentas bajas y medias. Se trata, en definitiva, de una reforma que dista mucho de ser la reforma fiscal que España necesita.

Dicho esto, quisiera centrarme en algunas cuestiones relativas a las modificaciones propuestas con relación a la fiscalidad del ahorro. El anteproyecto de Ley de IRPF recoge una apuesta del Gobierno por el ahorro a largo plazo, en particular, los denominados planes de ahorro a largo plazo, que se concretan en seguros de vida y depósitos cuyos rendimientos están exentos del impuesto. Es cierto que la fiscalidad es un instrumento de política económica. Sin embargo, no creemos en ello. Y no creemos porque el ahorro, en nuestro caso, es un tema de valores y no de fiscalidad. Una sociedad madura ha de tener interiorizada la cultura del ahorro. La fiscalidad se ha de limitar a obtener los recursos necesarios para redistribuir la riqueza a través de políticas de gasto progresivas. De lo contrario, la fiscalidad pierde en eficiencia y en neutralidad. Por otra parte, la propuesta del Gobierno retorna, prácticamente, a los tipos del ahorro del 2011 y mantiene su inequidad respecto a otras fuentes de renta, como las procedentes del trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, rentas que continúan soportando el mayor peso de nuestra fiscalidad si incluimos como tal la Seguridad Social. Y rentas, también, que son las únicas que soportan progresividad real, lo que plantea una situación de desigualdad contraria al principio de equidad. Desigualdad que no deviene por la diferencia de trato sino por su magnitud.

Es cierto, también, que hay que incentivar el ahorro, pero más hay que incentivar el trabajo que es la única y verdadera fuente de riqueza. Y por eso, precisamente, es imprescindible acometer la reforma del gasto público y, seguramente, aumentar el IVA, ya que solo de esta forma es posible reducir de forma significativa la fiscalidad del trabajo y, por ende, incentivar la creación de empleo. La propuesta del Gobierno con relación a la fiscalidad del ahorro no altera pues la situación de partida, 2011, y mantiene su inequidad. Inequidad que es mayor si no se discriminan también las rentas del ahorro generadas en un periodo de tiempo inferior a un año y las generadas en un periodo superior.

Además, la fiscalidad del ahorro excluye de su tratamiento a las rentas procedentes del capital inmobiliario, generando, pues, una nueva situación de desigualdad según cuál sea la forma de ahorro elegida. Mientras que las rentas del capital inmobiliario se someten a la progresividad de la escala general, las del capital mobiliario y las procedentes de ganancias patrimoniales se someten a sus tipos particulares.

El anteproyecto mejora, eso sí, y acertadamente, los mecanismos de integración y compensación de rentas en la base imponible del ahorro. Reduce de 10.000 a 8.000 euros anuales el conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que satisfagan primas a favor de un mismo contribuyente, incluidas las suyas propias, en concepto de aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social. Modifica el tratamiento fiscal de las reducciones de capital social con devolución de aportaciones y del reparto de la prima de emisión de acciones, suprime los denominados coeficientes de abatimiento y elimina la exención anual de 1.500 euros por dividendos. En definitiva, se ensanchan o amplían las bases imposibles.

En cualquier caso, y considerada la reforma en su conjunto, se ha perdido una oportunidad para afrontar con rigor la reforma del gasto y del sistema en su conjunto.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé es profesor de la UPF y socio director de Durán-Sindreu, Abogados y Consultores de Empresa.