Los registradores no quieren asumir la gestión del Registro Civil
“Los registradores de la propiedad y mercantiles no queremos asumir la gestión del Registro Civil”. Así de tajante se mostró el presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Gonzalo Aguilera, para mostrar su absoluta disconformidad con el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que los registradores mercantiles asumirán la gestión del Registro Civil. “Los registradores de la propiedad y mercantiles no pretendemos obtener ningún beneficio con la gestión del Registro Civil, pero no queremos tener que soportar los costes de este servicio público”, señaló Aguilera.
Entre sus sugerencias, el Colegio reclama el mismo consenso jurídico y político con el que se aprobó la ley del Registro Civil de 2011, cuya inminente entrada en vigor ahora se aplaza; la separación entre el Registro Civil, el de la Propiedad y el Mercantil; la gestión desde una plataforma tecnológica desde el Colegio y un sistema adecuado de financiación. Aguilera defendió un cambio del modelo de gestión del Registro Civil en el que se mantenga la gratuidad de determinados actos como la inscripción de los nacimientos y las defunciones, pero que el usuario pague por el cambio de apellidos o la inscripción de separaciones, divorcios o capitulaciones matrimoniales.
Si ahora se decide que el Registro Civil deje de sufragarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, los registradores de la propiedad advierten que los costes los tendrán que soportar ellos mismos y los usuarios. “Me llama poderosamente la atención la propuesta del Ministerio de que el servicio público del Registro Civil, que ahora gestionan 452 juzgados y 8.000 juzgados de paz, pase a ser prestado por cien registradores con sus propios medios”, apuntó.
El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, justificó la petición realizada a los registradores como una vía para agilizar “la resolución de las necesidades de los ciudadanos”. Román aclaró que en ningún caso supondrá la privatización de los servicios y que seguirá siendo un servicio público gratuito.