Las comunidades pedirán una compensación por la rebaja del IRPF

La reforma fiscal que presentó el Gobierno el viernes se centra en el IRPF, en el impuesto sobre sociedades y, en menor medida, en el IVA. Sin embargo, el sistema tributario español es mucho más amplio y está en buena parte en manos de las comunidades autónomas. El Ejecutivo negociará ahora con los Gobiernos autonómicos cambios tributarios que afectan a sus cuentas. De alguna forma, lo que se ha conocido hasta ahora es una primera fase de la reforma fiscal. La segunda se desarrollará con las comunidades autónomas y en el marco de la reforma del sistema de financiación.

De momento, la rebaja del IRPF, tanto para las rentas salariales como para las del ahorro, afectará a las comunidades autónomas, que reciben el 50% de la recaudación del impuesto más importante del sistema tributario español. Algunas comunidades, lideradas por Andalucía, trasladarán este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera –el órgano que reúne a los representantes de Hacienda con sus homólogos autonómicos– su temor por el efecto de la rebaja fiscal en sus cuentas. Entienden que una pérdida de ingresos dificultará la consecución del objetivo de déficit público. Los números rojos autonómicos cerraron 2013 en el 1,54% del PIB, nivel que debe reducirse al 0,7%y al 0,2% en los dos próximos años. Supone un compromiso muy difícil de cumplir.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió ayer que la reforma tributaria no generará una caída de la recaudación, ya que la mayor actividad contrarrestará la rebaja fiscal. En cualquier caso, el Ejecutivo trasladará que las posibles caídas de ingresos se compensarán a través del sistema de financiación. Además, el Ejecutivo cuenta con ases en la manga como un posible incremento de la fiscalidad medioambiental, un compromiso que aparece en el programa de estabilidad, que beneficiaría las arcas autonómicas.

Por otra parte, las comunidades también han reclamado al Ejecutivo que mantenga el impuesto sobre el patrimonio, un tributo que según la legislación vigente desaparecerá a partir de enero de 2015. Para este año, las comunidades han presupuestado 1.000 millones de recaudación por este tributo que grava, con carácter general, la riqueza neta que supera los 700.000 euros. Madrid es la única comunidad que no aplica el impuesto sobre el patrimonio y que no tiene ningún interés en que se mantenga. Sin embargo, la mayoría de comunidades se muestra reacia a perder ahora una nueva fuente de ingresos.

El Ejecutivo, que no ha modificado el tratamiento patrimonial en el IRPF –aunque lo apuntó en el programa de estabilidad– ya baraja diversas alternativas. A pesar de lo que refleja la ley actual, Hacienda no descarta que las comunidades puedan mantener el impuesto sobre el patrimonio o un tributo análogo. Los Gobiernos autonómicos ya han aplicado drásticos recortes y han sufrido especialmente el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que se reflejó en una caída sin precedentes de la recaudación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y sobre actos jurídicos documentados.

Las cuentas públicas autonómicas, si bien han mejorado en los dos últimos años, se mantienen una situación crítica, especialmente en la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña o Andalucía, que siguen dependiendo del fondo de liquidez autonómica para asumir sus vencimientos de deuda.

El Gobierno catalán ya criticó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy rebajará, por voluntad propia en tres décimas –del 5,8% al 5,5%– su objetivo de déficit público. El consejero de Hacienda, Andreu Mas-Colell, defenderá ante Montoro que el Gobierno central ceda a las autonomías esas tres décimas. La respuesta del ministro de Hacienda será un no rotundo. De hecho, el Congreso ya rechazó esta medida propuesta por CiU en el Congreso con los votos del PP.