Hotusa y SPV Capital Funding piden concurso culpable para Orizonia

Hotusa Hoteles y la firma luxemburguesa SPV Capital Funding, que tiene como abogados a Fernando Bedoya y al hijo del ministro del mismo nombre, Alberto Ruiz-Gallardón, han pedido la calificación de concurso culpable para Orizonia. SPV considera que la agencia de turismo le ha causado unas pérdidas de 10.991.390,81 euros. Varios acreedores han solicitado concurso culpable.

 Hace dos semanas que finalizó el plazo para que los acreedores de la agencias de viajes Orizonia presentaran sus alegaciones sobre su proceso de liquidación. Dos de sus principales acreedores, el grupo Hotusa Hoteles, y la firma luxemburguesa SPV Capital Funding, han pedido concurso culpable. Un grupo de algo más de un centenar de extrabajadores también reclaman la misma calificación.

Destacados acreedores de Orizonia, que presentó concurso de acreedores en marzo del pasado año, han decidido personarse en la causa y solicitar concurso de acreedores. Entre ellos está la firma hotelera Hotusa, integrada por Hoteles Turístico Unidos, Agincourt 2.008, Citadel, Laietana Hoteles, Restel, Kira Hoteles y Keytel. Este grupo entiende que existen motivos para declarar el concurso culpable de Orizonia amparado en los artículos 164 y 164.2. 4 y 5 de la Ley Concursal.

“El concurso se calificará como culpable cuando en generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave de deudor….”, explica el artículo 164, mientras que el artículo164.2.4 añade que “cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación”.

En el escrito de alegaciones, Restel, filial de Hotusa, señala que como acreedora de la agencia de turismo en liquidación se persona también en la causa. Y declara su petición de concurso culpable en “la deslocalización” de la central operativa del grupo Orizonia a la sociedad Smilo Costa Rica.

Argumenta que si la dirección del grupo Orizonia era única, en orden a la agravación del estado de insolvencia de sus sociedades, “no se entiende como algunas sociedades de la firma en liquidación no están afectadas por el concurso de acreedores, aunque Orizonia iba transfiriendo” parte o todos los beneficios logrados por las demás sociedades de su propio grupo empresarial, hoy concursadas, que prestaban servicio contratados por terceros. Restel cita así a Smilo Costa Rica, sociedad de Orizonia fuera del concurso. Esta firma se encargaba, según Restel, de la “facturación a dirigir a las diferentes sociedades del grupo Hotusa”, bajo las instrucciones de Orizonia, “a pesar de que en la mayoría de los casos o prestase ningún tipo de servicio ni a los clientes de Orizonia” ni a Restel.

En las alegaciones asegura que “parece maquiavélica la pretendida exclusión en el presente procedimiento concursal de algunas sociedades de Orizonia que en la actualidad no se encuentran en situación concursal y que, además, como Smilo Costa Rica, se encuentran en un país cuya jurisdicción hasta el año 2010 se consideraba no cooperante en materia tributaria internacional”. Más allá van las alegaciones de SPV Capital Funding, firma dedicada a la inversión en deuda de entidades europeas. SPV afirma que Orizonia Travel Group (OTG) le vendió una cartera de créditos de 28.169.411 euros que tenía con sus clientes para obtener liquidez para hacer frente a sus gastos corrientes. La firma luxemburguesa pagó por ella 23.110.726 euros, aunque poco después desembolsó a OTG 150.000 euros por el servicio de recobro de estos créditos a finales de 2012. OTG, no obstante, dejó de pagar a SPV los abonos de los créditos el 14 de febrero de 2013. Desde entonces considera que OTG, y por extensión a su matriz Orizonia, le ha causado un daño económico de 10.991.390,81 euros. De ellos, 3.803.152 corresponden al daño causado en relación con las cantidades consignadas, 5.860.690,90 a las cantidades cobradas por OTG antes de la declaración del concurso, 572.643,62 euros cobrados después de solicitar el concurso y 754.904,29 euros correspondientes al daño causado en relación con las cantidades pendientes de cobro en el momento de la firma del acuerdo transaccional.