Los socialistas supeditan el apoyo a Juncker a una prórroga para el déficit
El debate sobre la austeridad dominará la cumbre europea de la semana que viene Once países, entre ellos España, están sometidos a un expediente por déficit excesivo
Tras su éxito en las elecciones del pasado 25 de mayo, el socialista Matteo Renzi se ha erigido como pieza clave para la designación del próximo presidente de la Comisión Europea. En el Parlamento Europeo, los italianos se han convertido en el grupo nacional más numeroso dentro de los socialistas europeos (S&D), por delante incluso de los alemanes. Y en el Consejo Europeo, el primer ministro italiano parece haber desplazado al presidente francés, François Hollande, como representante de los gobiernos progresistas de la UE.
Ese dominio permite a Renzi vender caro su apoyo a los aspirantes a ocupar el puesto de José Manuel Barroso al frente de la Comisión Europea. Y el encargado de seleccionar a los candidatos, Herman Van Rompuy, sondeará mañana en Roma el precio de ese apoyo para Jean-Claude Juncker, quien en nombre del Partido Popular Europeo intenta presidir la Comisión.
“El apoyo a Juncker estará supeditado, entre otras cosas, a una interpretación más flexible del Pacto de Estabilidad”, señaló hoy en Bruselas el presidente saliente de S&D, el austríaco Hannes Swoboda. Swoboda, que mañana dejará el puesto al alemán Martin Schulz, aseguró que Van Rompuy ha aceptado en principio esa propuesta y que debatirá hoy con Renzi su aplicación concreta. Todo indica, sin embargo, que el italiano se reservará su última palabra hasta la cumbre europea de la próxima semana, donde la canciller alemana, Angela Merkel, asumirá gran parte del protagonismo de la negociación.
La flexibilización del pacto reclamada por los socialistas incluye la prolongación de los plazos concedidos para situar el déficit por debajo del 3% del PIB o para reducir la deuda, así como la exención de ciertas inversiones en el cómputo de ese déficit público.
La primera medida beneficiaría a los 11 países de la UE, incluida España, obligados a corregir la desviación del déficit en 2015 o 2016, como muy tarde. Pero en estos momentos, el país más interesado en esa relajación sería Francia, donde el Gobierno socialista de François Hollande parece incapaz de cumplir el objetivo del 2,8% de déficit marcado para el año que viene.
El pasado mes de marzo, la Comisión ya advirtió oficialmente a París del serio riesgo de incumplimiento de los objetivos tanto en 2013 como en 2014. Si el derrape se confirma, Francia podría sufrir un expediente disciplinario como el que en 2003 llevó a París y Berlín a congelar la aplicación del antiguo Pacto de Estabilidad.
En el caso de Italia, el déficit público parece bajo control, pero su abultadísima deuda pública (132% del PIB) y sus desequilibrios macroeconómicos han hecho saltar este año las alarmas de la Comisión. Bruselas mantiene abierto un expediente contra Roma para exigirle profundas reformas que flexibilicen su mercado laboral, modernicen la administración pública y mejoren la competitividad de la industria.
En 2015, además, a Italia se le agota el período de gracia de tres años para empezar a reducir la deuda, por lo que Bruselas endurecerá sus exigencias para que el presupuesto italiano arroje un elevado superávit primario (excluido el servicio de la deuda).
España, de rebote
España también podría salir beneficiada de la relajación del Pacto de Estabilidad, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy no parece dispuesto a sumarse a la batalla de los socialistas europeos.
Madrid ya ha obtenido tres prórrogas para corregir el déficit. La actual expira en 2016, por lo que una nueva relajación del calendario la daría margen para los recortes de impuestos que pretende adoptar antes de las elecciones de 2015. Además, la exención de ciertas inversiones productivas en el cómputo de déficit permitiría aumentar el gasto público en infraestructuras y contribuir a la creación de empleo.
Una norma cada vez más llena de agujeros
“Si alguien duda que la austeridad ha fracasado, que eche un vistazo a los resultados de la extrema derecha en las elecciones al Parlamento Europeo”, recomendaba esta semana en París el número dos del Gobierno de Angela Merkel, el socialista Sigmar Gabriel. El vicecanciller anunciaba el lunes en la capital francesa su intención de presentar, junto al Ejecutivo francés, propuestas para que la próxima Comisión Europea (que asumirá funciones en noviembre) renuncie a la austeridad a rajatabla.
La ofensiva socialista apunta a nueva reinterpretación del Pacto de Estabilidad, pues considera que su aplicación rigurosa a partir de 2011 ha agravado las consecuencias de la crisis.
Desde el año pasado, sin embargo, el Pacto ya ofrece numerosas vías de escape. En el caso de España, por ejemplo, se ha descontado el coste del rescate de la banca, lo que a efectos del Pacto arroja un déficit del 6,6% frente al real de 7,1%. En abril del año pasado, la CE aceptó que la liquidación de facturas atrasadas de la administración computase como atenuante en la apertura de un expediente por déficit público excesivo. La decisión benefició a Italia que presupuestó 40.000 millones de euros (2,5% del PIB) para liquidar facturas acumuladas.
Poco después, la Comisión también aceptaba que, mientras dure la crisis, los países con menos del 3% de déficit puedan invertir, aunque sea a costa de retrasar el proceso de consolidación presupuestaria. Incluso un país tan ortodoxo como Finlandia ha tenido que explotar uno de los agujeros del Pacto: se ha librado de un expediente por superar el 60% de la deuda, porque un punto y medio de esos números rojos se debe a su aportación a los rescates de la zona euro.