La Administración podrá eliminar los puestos cubiertos de forma irregular

Los populares explicaron que en caso de declaración judicial de irregularidad en la contratación de las Administraciones Públicas, “cuando el puesto de trabajo no fuere de necesaria cobertura, la extinción de la relación laboral se producirá con la amortización del mismo a través de los procedimientos de suspensión de puestos de trabajo propios de la Administración de que se trate”, informa Europa Press.

El texto entiende por trabajos de no necesaria cobertura los destinados a cubrir una necesidad temporal, a la realización de un proyecto y los que tienen su origen en una colaboración social, entre otros. Para los puestos de trabajo de necesaria cobertura, la enmienda prevé que el trabajador continuará desempeñando el puesto que venía ocupando “hasta que se proceda a dicha cobertura por los procedimientos de provisión aplicables a las Administraciones Públicas”, momento en el que se extinguiría la relación laboral con este trabajador, salvo que acceda al empleo público superando las preceptivas pruebas.

El sindicato CC OO explicó en un comunicado que esta enmienda pretende regular la situación de los denominados indefinidos fijos –aquellos que por resolución judicial son declarados contratos en fraude de ley y pasan a ser considerados indefinidos en su administración, pero que por no haber superado las pruebas selectivas que acreditan los criterios de acceso no pueden ser considerados personal laboral fijo– de tal manera que se puedan amortizar estas plazas “sin más causa que la voluntad de hacerlo”.

Consecuencias del fraude

En este sentido, otro de los aspectos que critica CC OO es que la enmienda no contempla que el fraude cometido “por la Administración, en su calidad de empleadora”, tenga consecuencia jurídica alguna.

“Desde CC OO compartimos plenamente que el acceso al empleo público debe cumplir con los objetivos constitucionales, pero eso no puede servir de excusa para que las Administraciones tengan carta blanca para incumplir a su antojo la normativa laboral”, añade la nota. El sindicato advierte que de consumarse el contenido de la enmienda, propondrá al resto de organizaciones representativas “la organización de un proceso de actuación sindical que evite una precarización aún mayor del empleo público y sus condiciones laborales”.

Por su parte, fuentes de CSI-F rechazaron “la imposición de normas que afectan a las relaciones laborales sin haberse puesto en común con los sindicatos”. Es más, esta organización sindical recordó que los sindicatos ya han solicitado una reunión urgente de la Mesa de Negociación de las Administraciones Públicas para retomar el diálogo social.

CSI-F insistió en que “vigilará” la aplicación de la norma “para que no suponga una pérdida añadida de puestos de trabajo”, y planteó que es necesario llevar a cabo un plan de recursos humanos para detectar las necesidades de empleo en las diferentes estructuras administrativas.

En este mismo sentido se pronunció recientemente Cándido Pérez Serrano, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España. “La renovación que se ha producido hasta ahora en las plantillas del sector público no ha sido planificada y debería serlo a partir de ahora. Además, se debe ver cuál es la situación en cada Administración, algo que no es sencillo después de las reformas que se han puesto en marcha. Hay muchas cuestiones por resolver, como qué va a pasar con las diputaciones o qué ocurrirá con las competencias que antes no eran asumidas por las comunidades autónomas y ahora sí deben serlo, por ejemplo”, explicó durante una jornada sobre las reformas emprendidas.

Finalmente, fuentes de UGT señalaron que esta medida puede abrir la puerta a que “con cualquier excusa o pretexto” se determinen irregularidades en puestos de trabajo para suprimirlos, en lugar de judicializar la cuestión y solventar los problemas detectados.