sábado, 25 de marzo de 2017

Está pasando:

Críticas de estos funcionarios por la agrupación de registros que plantea el Gobierno

Justicia se compromete a evitar el cese de registradores

  • Los notarios aplauden la propuesta de nueva demarcación del Ejecutivo
  • Los registradores advierten que la fusión de registros conllevará dificultades técnicas y jurídicas
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El ministro de Justicia-Alberto Ruiz-Gallardón, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, han acudido este martes al acto de toma de posesión de dos nuevos magistrados del Tribunal Supremo Ángel Luelmo es el nuevo miembro de la Sala de lo Social del alto tribunal mientras que el catedrático José Juan Suay se estrena como integrante Sala de lo Contencioso-Administrativo.(DVD 612)

GORKA (EL PAÍS)

Mientras se adopta la decisión final, fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que buscarán las fórmulas que sean necesarias para evitar el cese o excedencia forzosa de los registradores cuyo registro deba desaparecer. Por parte de los notarios, todo han sido parabienes al planteamiento del Ejecutivo.

“El proyecto prevé suprimir las notarías vacantes (aproximadamente un 10%), creadas en la demarcación de 2007 y que no han llegado a cubrirse”, reseñan desde el Consejo General del Notariado. Como uno de los criterios generales de la nueva demarcación es no suprimir ninguna notaría que sea la única en su localidad, con el fin de asegurar el servicio público notarial a la sociedad, estos profesionales aplauden la iniciativa.

Los registradores, por el contrario, no ven con buenos ojos uno de los cambios esenciales que incluye la nueva demarcación registral. Respaldan que se eliminen aquellos registros que no llegaron a constituirse o que tienen una actividad mínima (una tramitación de menos de 1.200 documentos al año), pero rechazan la agrupación en un solo registro de todos los de una misma población, tal y como plantea Justicia.

Fuentes de los registradores explican que la fusión de registros conllevará serios problemas organizativos entre el personal de cada una de las oficinas, así como complejidades desde el punto de vista técnico y jurídico. “Para resolver las posibles diferencias de criterio en la calificación de un documento o en la aplicación de los aranceles no hace falta agrupar los registros”, insisten estas fuentes.

Por su parte, el subsecretario de Justicia, Juan Bravo, defendió la nueva estructura propuesta, “más acorde con el volumen de actividad inmobiliaria actual”; y aseguró que dicha agrupación “repercutirá en un ahorro de costes que contribuirá a paliar el descenso de ingresos que están sufriendo muchos registros”.

“De lo que se trata es de repartir de manera equitativa la carga de los costes y también los beneficios entre todos. Además, trabajaremos para evitar que aquellos registradores cuyo registro desaparezca pasen a estar en excedencia forzosa”, subrayó Bravo.

Por otra parte, el subsecretario de Justicia garantizó ayer en el Congreso de los Diputados el compromiso del Gobierno de mantener el servicio público gratuito de los registros civiles, que seguirán siendo llevados por funcionarios públicos y que sus trabajadores actuales no serán despedidos, informa la Agencia Efe.

Explicó que el Gobierno aún no ha decidido a qué colectivo encomendará la gestión de los registros civiles, pero ratificó que los trabajadores seguirán siendo funcionarios públicos.

Sí reiteró que los registros dejarán de depender de la Administración de Justicia, pero esto no supondrá despidos de sus empleados, incluidos los interinos -respecto a los que no habría obligación legal para ello-.

Estos trabajadores, añadió, serán reasignados a otros destinos de la Administración de Justicia y se intentará que sean en la misma localidad.

Además, recordó que en la “desjudicialización” de los registros civiles estuvieron de acuerdo en su día tanto el PP como el PSOE.

De esta forma, insistió en que los más de tres mil funcionarios que llevan los registros civiles “no se quedarán en la calle, sea cual sea el modelo por el que se opte”.

Precisamente la Comisión de Justicia del Congreso rechazó sendas proposiciones del PSOE y de Izquierda Plural contra la privatización del Registro Civil.

La diputada socialista Laura Carmen Seara comentó que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, “está obsesionado con la privatización de todo lo que suene a público” y teme que el Gobierno esté intentando convencer a los registradores de la propiedad para que asuman los registros civiles.

En este sentido, advirtió que si la Ley del Registro Civil que debe entrar en vigor en julio sigue “esta hoja de ruta” del Gobierno “los ciudadanos tendrán que pagar para inscribir desde nacimientos a fallecimientos”.

Recordó que los registros civiles siempre han sido públicos y gratuitos y controlan todos los datos más íntimos de la vida de las personas.

Por su parte, el portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, denunció que el Gobierno ha adjudicado a El Corte Inglés el inventario de las oficinas del Registro Civil y teme que tenga la intención de externalizar este servicio.

Añadió que el Ejecutivo no sabe a quién encargar su gestión una vez que parece “frustrada” su intención inicial de adjudicarla a los registradores de la propiedad.

La diputada del PP -que rechazó las proposiciones- Beatriz Marta Escudero indicó que el Ministerio de Justicia está celebrando reuniones con colectivos como los secretarios judiciales y los registradores para ver la solución más adecuada y aclaró que estos últimos son funcionarios por mandato de la ley hipotecaria.

 



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