La comisión máxima por utilizar tarjetas de crédito baja al 0,3%
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el viernes la rebaja sustancial de las comisiones que cobran las operadoras por el pago en los comercios. De este modo se adelanta al reglamento comunitario, que fijaba el plazo para la reducción hasta abril de 2015, y establece un techo del 0,3% para las operaciones con tarjeta de crédito y del 0,2% para las de débito. “Es un importante apoyo al comercio minorista”, subrayó Sáenz de Santamaría.
La reducción de las comisiones que pagan los comercios por las ventas que realizan persigue un triple objetivo. El primero es estimular las ventas en el comercio a través de sistemas telemáticos y así evitar situaciones tan cotidianas como el hecho de que solo se podían utilizar a partir de un determinado nivel por las elevadas comisiones que se cobraban.
Las cifras del Banco de España así lo atestiguan. En 2008, cuando estalló la crisis financiera, la comisión media que cobraban las entidades financieras en España era del 0,80% para las tarjetas de crédito y del 0,26% para las de débito. Unos niveles muy por encima del resto de socios comunitarios y que ha tenido mucho que ver con la escasa penetración del número de operaciones y de tarjetas en circulación. El último dato disponible, correspondiente al cuarto trimestre de 2013, refleja que en esos tres meses se realizaron más de 606.000 operaciones por un importe de 26.173 millones, con una comisión media del 0,60% para el crédito y del 0,22% para el débito. Datos proporcionados por las fuentes financieras reflejan que las cifras de operaciones apenas suponen el 16,8% del conjunto de realizadas en todo el territorio nacional y que tan solo el 7% de ellas corresponden con pagos por un importe inferior a 20 euros.
La tasa es mucho más elevada cuando no se comparte la red de pago
Un porcentaje que se queda muy por debajo de las mismas cifras en los países de la UE. Los registros de España son similares a los logrados por Austria (16,9%), pero se quedan muy lejos de los de otros países de un tamaño similar en población y PIB. Por delante se sitúan Finlandia (27,1%), Irlanda (29,4%), Francia (33,3%), Países Bajos (35,0%), Portugal (47,0%), Suecia (47%), Reino Unido (47,6%). Noruega es el que presenta un mayor grado de penetración con un 50,3%.
El segundo objetivo de la medida impuesta por el Ejecutivo es tratar de estimular las decisiones de gasto entre los consumidores. Si la comisión que paga el comercio por vender con tarjeta de crédito baja un 62,5%, el precio que deberán pagar los consumidores por una transacción electrónica será menor y eso podría constituir un incentivo para estimular unas compras, que tras más de tres años de caída, han empezado a repuntar, aunque de forma tímida.
El tercero sería evidentemente propiciar el mayor uso del pago con medios electrónicos y limitar los pagos en efectivo para incrementar el control sobre la economía sumergida. El mayor uso de las tarjetas, tanto de débito como de crédito, reforzaría los resultados marcados en la ley contra el fraude, aprobada a finales de 2012, y que prohibía taxativamente los pagos en efectivo superiores a los 2.500 euros siempre y cuando uno de los dos participantes en la transacción fuera un profesional. La norma establecía sanciones equivalentes al 25% del importe de la operación y fijaba exoneraciones para aquellos que delataran a la otra parte implicada en el pago irregular de la transacción.
La norma aprobada por el Ejecutivo también acabará con la dispersión de comisiones que se cobra en función de la actividad comercial en la que se realiza la compra. La estadística del Banco de España muestra como entre las farmacias, que en el cuarto trimestre de 2014 aplicaban una comisión media del 1,06%, y las autopistas, con una tasa del 0,26%, había una diferencia de ocho décimas. Una brecha que ha ido creciendo en los seis años de crisis, puesto que en 2008 la diferencia entre la mayor y la menor comisión era de seis décimas.
El sobrecoste es mayor cuando las operaciones de compra no se realizan entre operadores que comparten la misma red de pago. En este caso, la comisión media en las tarjetas de crédito es el 0,71% (1,1 décimas más que si comparten red) y las de débito es el 0,21% (una centésima menos). Si el análisis se realiza por sectores, también se vislumbra una gran disparidad. Así, los importes más bajos se ven gravados con una comisión del 1,25%, mientras que el transporte de viajeros lo hace al 0,49%.
Impulso a la liberalización de horarios en zonas turísticas
El Ejecutivo está dispuesto a seguir avanzando en la liberalización de horarios comerciales en zonas turísticas. Tras imponer a 12 grandes municipios en 2012 la obligación de abrir zonas de gran afluencia turística (ZGAT), con libertad de horarios y aperturas, ahora quiere dar un paso más allá y está dispuesto a potenciar el binomio turismo-comercio. “Se trataría de avanzar en la extensión de las ZGATa nuevas áreas de intensa actividad turísticas en las grandes ciudades españolas”, apuntan fuentes de Economía. En otras palabras, que el Ejecutivo quiere impulsar la libertad comercial más allá de esos doce grandes municipios e incluso quiere que se abran más zonas dentro de esas grandes ciudades. Un propósito que choca con las restricciones impuestas en algunas comunidades autónomas como Cataluña.
Refuerzo para garantizar la ley de unidad de mercado
La ley de garantía de la unidad de mercado es una de las normas más importantes que han salido de la Secretaría de Estado de Comercio y cuyo principal objetivo es lograr acabar con la disparidad de requisitos que se le exigían a una empresa para realizar su actividad en función de la autonomía donde la desempeñaría. En el paquete de medidas presentado el viernes se avanza en el desarrollo de esta norma.
Por un lado, se convoca al Consejo para la Unidad de Mercado, el organismo que evaluará su aplicación, y se establecen los mecanismos de protección de las empresas, con una ventanilla única de reclamaciones. Por otro lado se da luz verde para iniciar las reuniones del grupo de trabajo creado ad hoc para la resolución de discrepancias entre los distintos ministerios implicados en su puesta en marcha.
Agilizar segundas licencias para grandes superficies
Otro de los objetivos fijados en el plan de medidas para el crecimiento y la competitividad es la agilización de las segundas licencias comerciales necesarias (una la concede la autonomía y la otra el ayuntamiento) para la apertura de grandes superficies. Hasta ahora, muchas autonomías establecían requisitos adicionales que ralentizaban el proceso de concesión. El Ejecutivo quiere suprimir toda la disparidad normativa y que las únicas condiciones que se exijan sean las marcadas por la directiva comunitaria: la protección al medio ambiente y de la arquitectura.
El plan también trata de profundizar en la licencia express para abrir un comercio. En la actualidad, el empresario que quiera abrir un local de hasta 750 metros no necesita una licencia de apertura y podrá hacerlo solo con una declaración responsable.