Hacienda promete a las pymes que multará a las empresas morosas

Una de cal y otra de arena. Tras el fiasco del pasado martes, en el que el grupo popular en el Congreso se negó a apoyar una proposición de ley impulsada por CiU que instauraba un régimen sancionador para las empresas que no pagan en plazo a sus proveedores, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha pronunciado justamente en sentido contrario en la reunión que mantuvo a primera hora de la tarde con el presidente de la patronal de las pymes en Cataluña (Pimec), Josep González, y el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y secretario general de Pimec, Antoni Cañete.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó a los empresarios que el Gobierno prepara “cambios legislativos” que incluirán sanciones para las “grandes empresas” que incumplan los plazos previstos en la ley de lucha contra la morosidad a la hora de saldar sus deudas con pymes y autónomos. En declaraciones a los periodistas tras el encuentro, el ministro avanzó que la normativa que prepara el Gobierno habilitará un régimen sancionador” para estos casos. “Al igual que en el caso de las Administraciones, el Gobierno no permitirá a las grandes empresas, entre ellas a las cotizadas, que recurran al aplazamiento del pago a proveedores para financiarse”, dijo.

La reunión, que se prolongó por un tiempo superior a las dos horas, giró en torno a la posición del Ejecutivo frente al problema de la morosidad. En el caso de los impagos de las administraciones públicas, el Ejecutivo hizo una breve presentación del mecanismo que está diseñando, que permitirá pagar a los proveedores a partir de que transcurran 31 días desde la emisión de la factura y que habilitará a Hacienda para retener fondos a las administraciones morosas. De esa forma recuperaría el importe adelantado para satisfacer la deuda del proveedor.

Fuentes presentes en el encuentro apuntaron que el Ejecutivo se comprometió a poner en marcha un mecanismo similar para las relaciones entre empresas privadas y para ello anunció la creación de un grupo de trabajo, que será el encargado de la puesta en marcha de este régimen sancionador. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que representa a 1,5 millones de empresas y a cuatro millones de trabajadores, será el único interlocutor empresarial. El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, remarcó ayer que este grupo tratará de consensuar estos mecanismos coercitivos. “Son imprescindibles, ya que el 68 % de los contratos de las empresas españolas prevén plazos de pago a sus proveedores por encima de los 60 días de límite que marca la ley actual”.

En este grupo, Hacienda y proveedores trataran de salvar las diferencias expresadas durante la tramitación de la proposición de ley para impulsar un régimen sancionador contra las empresas morosas. El germen de esta iniciativa parlamentaria se produjo en noviembre de 2013, en el que el portavoz parlamentario de CiU, Josep Sánchez Llibre, se comprometió a presentar una proposición de ley para multar a las empresas que incumplan los plazos de pago legales (60 días desde el 1 de enero de 2013). Y para ello tomó como referencia el régimen diseñado por la Plataforma, con sanciones que podían llegar a los 900.000 euros y al cierre temporal de hasta un año para las empresas que incumplieran los plazos con reiteración. El grupo parlamentario popular no vetó la proposición, pero sin embargo no la apoyó en la votación realizada el pasado martes 13. El diputado Fernando López Amor, que fue el encargado de defender la postura de los populares, la justificó al no estar de acuerdo en que el sector público meta la cabeza en una relación privada entre partes. “Sería algo inaudito e impensable. El ámbito de la autonomía de la voluntad no puede ser quebrado por el sector público, y esa voluntad debe ser la que negocie los periodos de pago. En el sector público ya lo hemos regulado, pero en el sector privado debe existir un ámbito de libertad, de no regulación”, dijo.