Diez años para corregir el exceso de endeudamiento privado y público

"La recuperación es un hecho". Bajo esta premisa, el grupo de opinión EuropeG señala que España se encuentra en una posición de debilidad ante cualquier "percepción de aumento del riesgo de pérdidas de los acreedores exteriores". Así, lo han defendido hoy el director de este think tank, Antonio Castells, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Oliver y el catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, Emilio Ontiveros. 

Los expertos celebraron la mejora de los datos del saldo exterior, que registró superávit por primera vez desde 1997. Sin embargo, la serie histórica indica que España en el pasado fue incapaz de mantener esta tendencia a largo plazo. Y precisamente ese es, según los expertos, el objetivo prioritario que debería marcar la política económica del Gobierno de Mariano Rajoy. 

EuropeG sostiene que solo será posible corregir los desequilibrios de la economía española si se mantiene la fortaleza del sector exterior y la competitividad. Y ello es así porque la demanda interna afronta todavía elevados riesgos como son la demografía, el ajuste del sector público y la atonía de la construcción residencial. Y, además, no cabe esperar una expansión del crédito en un contexto en el que el proceso de desapalancamiento de las entidades financieras debe continuar. 

Para este grupo de opinión, el endeudamiento público y privado son dos de los principales lastres de la economía española y no es previsible que se corrijan en el corto plazo. Por ejemplo, el nivel de pasivo privado precisará de diez años para situarse a los niveles medios de la UE. Y eso, bajo un escenario en el que el PIB nominal avanza un 5% anual y el crédito crece a ritmos del 3% o el 4%. EuropeG reconoce que se trata de estimaciones improbables. En el caso de la deuda pública, que este año o el siguiente superará el umbral del 100% del PIB, Castells, Oliver y Ontiveros señalan que no volverá al nivel del 60% que exige Bruselas hasta, como mínimo, 2025.

Por otra parte, el documento de EuropeG apuesta por una devaluación fiscal que incluya una subida del IVA y una rebaja de las cotizaciones sociales. Ello beneficiaría la creación de empleo sin afectar la actividad exportadora. Castells también reclamó una política expansiva de países como Alemania, que tienen margen de maniobra al tener sus cuentas saneadas.