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La empresa pública presentó un pliego de condiciones contrario a la libre concurrencia

La patronal de auditores logra que Enresa recule en su proceso de selección de auditor

Francisco Gil-Ortega Rincón, presidente de Enresa.
Francisco Gil-Ortega Rincón, presidente de Enresa.

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) había presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) contra el pliego de condiciones de Enresa dado que algunas exigencias limitaban la competencia.

El presidente del ICJCE ha valorado positivamente la retirada del pliego por parte de Enresa y ha asegurado que la Institución seguirá mostrando su “rechazo ante este tipo de prácticas, emprendiendo las acciones institucionales y legales necesarias para impedirlas y defender los derechos de los auditores de cuentas”.

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha retirado el procedimiento de licitación para la contratación de los servicios de auditoría financiera para los ejercicios 2014, 2015 y 2016, tras el recurso presentado por el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Mario Alonso Ayala, ante el Tribunal de Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) en representación de la Corporación.

En dicho recurso, Mario Alonso manifestaba el rechazo del Instituto a la exigencia de los pliegos de condiciones de dicho contrato, por la que los licitadores debían de acreditar una facturación anual en trabajos de auditoría realizados en los últimos tres años de al menos 30 millones de euros -cifra que superaba en 750 veces el presupuesto máximo de licitación anual, establecido en unos 40.000 euros-. Este requerimiento, a juicio del Instituto, limita la competencia y la libre concurrencia de las firmas de auditoría, pues a dicho concurso si hubiese llegado a efecto sólo hubiese podido concurrir menos del 0,5% de las casi 1.400 firmas de auditoría del mercado español.

Asimismo en el recurso se exponía que la legislación de contratación del sector público recoge que las instrucciones de contratación han de atenerse, entre otros, a los principios de competencia, igualdad y no discriminación y estos principios podían verse afectados con cláusulas como éstas.

Tras la decisión de Enresa de retirar el pliego de condiciones de contratación de los servicios de auditoría, el TACRC ha resuelto que “no procede pronunciarse sobre la cuestión planteada, dado que el órgano de contratación ha desistido del procedimiento de licitación convocado”.

Mario Alonso ha dado valorado positivamente la actuación de Enresa al retirar el pliego de condiciones y ha manifestado que “ningún organismo público debe poner trabas a la libre competencia ni restringir la apertura a todos los operadores del mercado”. Y ha asegurado que “el Instituto seguirá mostrando su rechazo ante este tipo de prácticas, emprendiendo las acciones institucionales y legales necesarias para impedirlas y defender los derechos de los auditores de cuentas”. De hecho, el presidente del ICJCE ha enviado una carta a la consejera delegada de la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (Cersa) manifestando su preocupación y disconformidad por el clausulado en su pliego de condiciones para la contratación de servicios de auditoría de cuentas que también atentan contra la libre concurrencia.

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