Catalunya Banc vende su cartera de fallidos y cierra más oficinas
Catalunya Banc avanza en la venta de sus negocios no estratégicos. Hace dos semanas vendió su plataforma inmobiliaria CXI por 40 millones de euros, mientras que ayer anunció la enajenación de tres carteras de créditos fallidos con un perímetro global de 1.480 millones de euros. El conjunto de la operación incluye una cartera de préstamos a particulares de 449,6 millones de euros, otra de préstamos a empresas inferiores a un millón de euros de 671,6 millones de euros y una tercera cartera de préstamos a empresas superiores a un millón de euros por un importe de 359,4 millones.
La totalidad de estos créditos se encuentran en situación de fallidos y están totalmente provisionados. La venta se ha cerrado con Aiqon Capital.
La intención del FROB es acelerar las subastas de sus actividades no core para iniciar en junio la puja de la entidad, ya que el Gobierno pretende desprenderse de Catalunya Banc antes del próximo mes de julio, después de que este proceso de venta se haya retrasado en varias ocasiones.
La siguiente venta prevista en los próximos días es la de la red de oficinas de fuera de Catalunya de la entidad por la que pujan hasta ahora Banco Popular y Apollo a través de Evo Banco. Pero antes de esta venta, la firma catalana anunció ayer a los sindicatos que va a cerrar otras 46 sucursales de esta red, hasta ahora cifrada en 196 agencias, y a subir ligeramente las ayudas para su saneamiento. Estos cierres, a los que se podrían añadir en junio otros tantos, afectan a 167 trabajadores, aunque de ellos 104 se incluirán en el ERE que tiene en marcha la entidad. Los otros 63 restantes pasarán a otras oficinas.
Estas clausuras se producen al ser sucursales con pérdidas y cuyo interés por su compra es nulo. Popular y Apollo –a través de Evo Banco–, solo están interesados en la red del País Vasco, Madrid y Galicia.
La venta de Catalunya Banc llevará consigo nuevas ayudas públicas, que podrían llegar a los 1.500 millones. La venta de su cartera de créditos hipotecarios por un volumen de 7.000 millones con un aval del Estado será el principal activo de estas ayudas.