Delenda est fotovoltaica
En los últimos días se han producido dos noticias que pueden resumir el papel positivo que juega la energía solar hoy en día, su grado de desarrollo tecnológico y su flexibilidad a la hora de aportar respuesta a nuestras necesidades. Por una parte, la afirmación de la ONU de que sin medidas radicales los daños del cambio climático serán inevitables y la reclamación de políticas más activas a favor de las energías renovables. Por otro lado, la presentación del vuelo Solar Impulse 2 que pretende dar la vuelta al mundo impulsado solo con energía fotovoltaica.
Sin embargo, si vemos las noticias de nuestro país la imagen que nos transmiten nuestras autoridades sobre fotovoltaica es la de algo negativo, un error del pasado a erradicar.
El Gobierno, con su reforma regulatoria, rompe la seguridad jurídica y actúa en contra de toda lógica, estableciendo un inédito principio jurídico de necesaria desconfianza en el BOE, en contra también de las directivas europeas y creando una total incertidumbre hacia el futuro, dada la posibilidad de revisión del nuevo régimen retributivo cada tres años.
Por otro lado, la reforma también quiere reinventar el pasado, estableciendo retroactivamente un nuevo sistema de retribución a las renovables arbitrario y discrecional, en base a unos costes de inversión estándares.
Esta reducción a la retribución afecta además de manera muy diferente a cada planta según la mayor o menor desviación de sus costes reales sobre los estándares o la tipología asignada.
El Ministerio no ha penalizado a todos los tipos por igual, sino que lo ha hecho de manera más dramática a las plantas mayores de 2MW, que suponen un tercio del total instalado. Esta elevada progresividad parte de una concepción errónea sobre las economías de escala en fotovoltaica, pues la estructura de costes en relación al incremento de potencia no es decreciente, sino que tiene forma de U, ya que a partir de un cierto momento los costes se incrementan por la necesidad de construir infraestructuras que no requieren las instalaciones más pequeñas.
La agresiva progresividad, unida a una infravaloración de los costes de inversión superior al 20%, produce que los descuentos para estas plantas pueden llegar hasta el 52% sobre la previsión de ingresos en función de la que se realizó la inversión. Descuento que se puede considerar expropiatorio, con el agravante de que no se indemniza.
Estos nuevos estándares no reflejan la realidad bajo la que se acometieron las inversiones, lo que llevará al 30% de las instalaciones a no poder refinanciar su deuda y quebrar. Con lo cual parte del problema se está traspasando al sector bancario: O elevadas quitas de en torno al 60% o concurso de acreedores.
Esta situación se agrava en aquellas pequeñas plantas que, por el único motivo de encontrarse cerca de una de gran tamaño, son consideradas como una sola bajo la figura de conjunto de instalaciones, sufriendo los recortes previstos para el estándar que correspondería a la suma de las potencias de ambas instalaciones. Como si al hacer nuestra declaración de la renta el Gobierno nos aplicase, no el IRPF que nos corresponde, sino el resultante de la suma del de todos nuestros vecinos.
El impacto de la reforma sobre el sector fotovoltaico, que se incrementará cada año, se puede estimar ya en más de 900 millones de euros sobre lo previsto en las regulaciones originales, sobre una facturación de 2.561 millones.
La razón fundamental que se aduce para la realización de estos recortes es considerarnos los principales causantes del déficit de tarifa. Pero el llamado régimen especial, que incluye a las renovables, la cogeneración y los residuos; solo ha supuesto una parte, concretamente el 22%, de los cerca de 30.000 millones de déficit de tarifa acumulados.
Si a esta actuación del Gobierno sobre las instalaciones ya realizadas le unimos la barrera económica que quiere establecer a través del peaje de respaldo o impuesto al sol para impedir la libertad de los ciudadanos para autoconsumir su propia energía, no es de extrañar que la imagen que se tiene de los responsables de la política energética sea la de ser los nuevos Catón el Viejo, que sin razón concluyen siempre: “Además, opino que la fotovoltaica debe ser destruida”.
José Donoso es director General de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).