Sindicatos y patronal entregan a Empleo "un pacto de máximos" sobre formación

Sindicatos y patronal han trasladado al Ministerio de Empleo “un pacto de máximos” sobre el modelo de formación profesional que devuelve el “protagonismo” a las empresas “porque son las que financian el sistema mediante la cotización de la cuota de formación, 1.778 millones de euros previstos en 2014”.

Así consta en el documento, al que ha tenido acceso Efe, y que ha sido acordado entre CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, y entregado ayer a la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo.

El texto conjunto propone que las empresas, a través de lo que denominan “crédito-formación”, tengan acceso al importe total cotizado para formación en el ejercicio anterior para poder gastarlo sin límite y como consideren oportuno, siempre con el conocimiento y la consulta a los representantes de los trabajadores.

Esta propuesta conjunta responde a un primer borrador del Gobierno, presentado hace un mes, en el que se excluía a los sindicatos y a las organizaciones empresariales de la ejecución y la gestión de los cursos de formación, que pasaban a los centros privados que se convertían en “en juez y parte”, según denunciaron entonces los sindicatos.

Según fuentes sindicales, el Ministerio de Empleo ha dado a sindicatos y patronal diez días de plazo “para reflexionar y hacer una nueva propuesta” en la que los de los agentes sociales esperan que sus peticiones “sean atendidas”.

El texto pactado por sindicatos y empresarios subraya que “deberán ser las empresas las que decidan la formación a realizar en función de sus necesidades estratégicas, y con derecho a la información, participación y consulta de la representación legal de los trabajadores”.

Como novedades, el documento establece “un crédito-formación, que retornaría el 100 % de lo cotizado en el ejercicio anterior, habiéndose de garantizar un importe mínimo para las microempresas con menos de seis trabajadores”.

Además, el pacto contempla “un fondo global de formación” que se articularía con los excedentes de los fondos que las empresas no apliquen en cada ejercicio.

El documento sostiene que habrá que dar a este fondo global “un trato específico y concreto que deberá ser gestionado por entidades bipartitas constituidas por los interlocutores sociales en el marco de la negociación colectiva o del diálogo social”.

Las empresas podrán optar por gestionar directamente su crédito-formación o acudir a una empresa externa especializada.

La formación será impartida por centros de formación o por las propias empresas con medios propios.

Según recoge el texto, la iniciativa incorpora “simplificación burocrática y administrativa en la gestión del crédito-formación; derecho a la información, participación y consulta de la representación legal de los trabajadores; y eliminación de los actuales módulos económicos máximos”.

Además, “las empresas deberán de poder gastar su crédito-formación como consideren más conveniente, sin limitación alguna”.

Todo esto, según informaron a Efe fuentes sindicales, se articularía bajo el paraguas de un órgano tripartito, “fundación o agencia”, en el que también estarían las comunidades autónomas.