Los proveedores amenazan con denunciar al Gobierno ante Bruselas

El pasado 27 de febrero, el Tribunal de Justicia de la UE declaraba ilegal el céntimo sanitario y establecía la obligación al Estado de devolver los 13.000 millones recaudados en sus diez años de vigencia. Una cifra que disminuyó a los 3.000 millones, ya que solo se pueden reclamar los últimos cuatro años, y que puede bajar aún más si prosperan las consultas realizadas a

Una batalla a la que se puede unir en breve la que inicien los proveedores si persiste el incumplimiento de la directiva europea de plazos de pago, que establece que las empresas abonarán sus facturas en 60 días y las Administraciones en 30. “Europa es lenta, pero hay procedimientos y pasan cosas cuando hay incumplimientos”, aseguró Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), que representa a 1,5 millones de empresas y a 4 millones de trabajadores. “Nuestro servicio jurídico ya lo está estudiando y hará las correspondientes comunicaciones a Bruselas si no se cumple la trasposición de la directiva”, advirtió.

El último informe de este organismo, correspondiente al cierre de 2013, refleja que el período medio de pago del sector público ha pasado de 141 a 111 días mientras que el del privado ha bajado de 93 a 85. En ambos casos, están muy lejos de los 30 y 60 días marcados por la legislación comunitaria. Pese a ello, Cañete valoró de forma positiva la reducción en los plazos de pago, en especial desde 2011, con un ajuste de 13 días en el pago de empresas y de 51 en el de las Administraciones.

Una tendencia a la baja que, sin embargo, se puede ver truncada por las circunstancias económicas y legales. En el primer caso, algunas patronales consultadas por Cinco Días, que tienen a las autonomías como principales clientes, han advertido sobre un repunte de impagos y un mayor retraso en el pago a finales de año por el propio agotamiento de los presupuestos regionales y por los ajustes que tendrán que acometer en la segunda parte del año para cumplir con el objetivo de déficit pactado con Hacienda.

Cañete, sin embargo, hizo hincapié en dos cambios normativos que puede llevar a desandar todo lo avanzado en materias de pago. El primero se refiere a dos disposiciones incluidas en el anteproyecto para el fomento de la financiación empresarial, que habilitan a las empresas a superar el plazo máximo de 60 días, siempre que vendan la deuda a un tercero y este la abone en el plazo legal. “Se trata de generalizar el confirming bancario, permite el pacto entre partes, no limita el tiempo que se puede aplazar el pago y no refleja los costes asociados”, apuntó. Y para ello puso un ejemplo práctico. “Para una empresa que haya hecho un confirming con tres facturas de un nominal de 54.000 euros, el coste es de 1.400 euros”, aseguró. Por todo ello reclamó al Gobierno que en la tramitación del anteprooyecto retire esas dos disposiciones.

El segundo cambio afecta a las disitntas administraciones y se refiere al artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada en julio de 2013, en el que se establecía la posibilidad de acordar entre acreedor y deudor un alargamiento en los plazos de pago. La Administración dispone de 30 días para pagar la obra desde que se aprueba la certificación y muchas no lo hacen para poder prolongar sinedie sus pagos. No todos lo hacen. Un ejemplo, tal y como apuntó Cañete, es el ayuntamiento de Barcelona, que paga sus facturas a una media de 22, 6 días. “Los técnicos agilizan el proceso para que el certificado de la obra se apruebe el mismo día que entra en el registro y así poder adecuarse a los plazos legales”.