El largo calvario de las renovables

Las empresas del régimen especial (renovables y cogeneración) están siendo sometidas a un doble martirio: el del recorte de su retribución aprobado en el real decreto ley de medidas urgentes con el que el Gobierno inauguró la reforma eléctrica en julio del año pasado, y el de la tardanza en la aprobación de la normativa que regulará un recorte que antes era uno y ahora otro mayor.

 Efectivamente, pese a haber superado hace meses el trámite de la CNMC y del Consejo de Estado, el real decreto que regula la nueva retribución del sector y pone fin al sistema de primas, sigue sin ser aprobado por el Consejo de Ministros. Por su parte, la orden que fija los parámetros o estándares que determinarán la retribución de cada instalación en función de su inversión y, en algunos casos, de sus costes de operación, lleva semanas atascada en la CNMC. En este punto, el sector ha mostrado su indignación tras las críticas públicas que el presidente de este organismo, José María Marín, ha lanzado contra estas tecnologías en pleno trámite de la citada orden ministerial.

Como ya es costumbre, no hay noticias fehacientes del Ministerio de Industria sobre lo que está ocurriendo con el proceso. En los mentideros las versiones sobre la demora son varias: que el real decreto no se aprobará hasta que la CNMC no dictamine la orden ministerial que lo desarrolla por si fuese necesario incorporar algún cambio en función de lo que diga el supervisor; que este está tardando tanto por lo engorroso de los parámetros (1.500 páginas) y que el Gobierno estaría recibiendo presiones de fuerzas no identificadas para que rectifique unas medidas que le pueden acarrear muchos dolores de cabeza.

¿Y por qué las afectadas tienen tanta prisa en que se apruebe una normativa tan dañina? Porque, en realidad, la nueva retribución se les está aplicando a cuenta del nuevo mecanismo de estándares desde el pasado julio, y su aprobación, al menos, eliminaría incertidumbres. Además, permitiría a quienes están en la parrilla de salida hacia los tribunales, iniciar sus pleitos, y despejaría las dudas de ciertos sectores que, como la cogeneración, aún esperan que el ministerio dé marcha atrás para evitar el cierre masivo de plantas.

Un punto de esperanza está, precisamente, en el supuesto conflicto entre las consultoras a las que el ministerio, a través del IDAE, contrató el verano pasado para elaborar los estándares y asistir en su caso al Gobierno en los tribunales. Al parecer, las dos firmas (Boston Consulting y Roland Berger) discrepan del informe final utilizado por Industria para calcular los recortes, que nada tiene que ver con el elaborado o firmado por ellas inicialmente. Informes, ambos, que tanto el ministerio como la CNMC se han negado a facilitar a las afectadas, que los han reclamado para poder alegar con fundamento en el trámite de consultas.

Fuentes del sector aseguran que todo comenzó cuando Hacienda tomó la decisión irrevocable, tras un año de promesas y vacilaciones, de no aportar el crédito extraordinario de 2.200 millones incluido en una ley que se tramitó inútilmente el parlamento. Hasta ese momento, las consultoras (contratadas en realidad como auditoras) y el ministerio habían pactado unos parámetros, que fueron retorcidos después para obtener un recorte mayor y sustanciar aquella partida.

Con todo empantanado, compañías como Acciona, que ya saben que todos sus parques eólicos anteriores a 2005 se quedan sin prima, se han visto obligadas a ajustar sus cuentas a la nueva situación. Así, el grupo de Entrecanales ha declarado pérdidas históricas de 1.972 millones de euros en 2013. “Ha sido necesario publicar estos resultados tan negativos para que el Gobierno se dé cuenta de que el temor a los recortes era cierto y no un farol”, vienen a decir en la empresa.

Al ruido de las energías verdes se han sumado ahora los cogeneradores, quizá, junto con los eólicos, los más perjudicados por la reforma. A la vista de la poca influencia de la cogeneración como tal, las afectadas han decidido presionar directamente a través de las industria asociadas. Así, seis asociaciones industriales y agrarias (Ascer, Aspapel, Hispalyt, FIAB, Asaja y Cooperativas Agro-alimentarias) firmaron la semana pasado un manifiesto en defensa de la cogeneración que han remitido al ministro de Industria, José Manuel Soria, al que han pedido una reunión urgente.

Según fuentes empresariales, el lobby también lo están ejerciendo, a la desesperada, las grandes compañías, como las petroleras, que utilizan la cogeneración en sus procesos productivos.

En el compás de espera, y a la vista del descenso del precio del mercado diario que obligará a las comercializadoras de referencia a devolver a los consumidores una media de 40 euros en su factura, según estimaciones de la OCU, las renovables han reivindicado su contribución a la moderación de dichos precios (gracias a la eólica y la hidráulica) y que el Gobierno lo tenga en cuenta antes de asestarles el hachazo final.

Unas energías que, además, financian desde este año las desviaciones del sistema eléctrico. En enero, los ingresos solo lograron cubrir un 25% de los costes, por lo que solo han recibido un 25% de la retribución que les corresponde, cuando hasta esa fecha solo estaban obligadas a asumir los déficits las cinco grandes eléctricas.

Sea como fuere, a partir del 1 de abril, ya no hay cobertura legal para que las instalaciones del régimen especial sigan cobrando primas a cuenta. ¿Habrá terminado para entonces la larga espera del sector?