Un marco fiscal estable y coherente
A lo largo de los últimos dos años, el Impuesto sobre Sociedades en España ha sufrido más de 20 cambios normativos. En algunos casos las modificaciones han sido menores, pero en otros han tenido suficiente entidad como para reflejarse negativamente en la cuenta de resultados de las empresas. Un ejemplo de ello fue la eliminación de la deducción de gastos financieros, una iniciativa que el Gobierno impulsó en marzo de 2012 y que encareció considerablemente las decisiones de inversión que muchas compañías decidieron adoptar en su día bajo un marco normativo que entonces creyeron perdurable.
Esa falta de consistencia legal constituye uno de los grandes problemas, sino el principal, del sistema tributario en España y se ha convertido además en uno de los principales retos de cualquier planificación tributaria eficiente. Como recordaba un grupo de expertos fiscales reunidos en un desayuno organizado CincoDías para debatir sobre la internacionalización de las empresas, la seguridad jurídica es el valor más preciado de cualquier sistema fiscal, por delante de los tipos impositivos, los incentivos fiscales o las deducciones.
La explicación de los numerosos cambios impositivos que ha experimentado la legislación societaria española en los últimos años no es casual, sino que tiene que ver con el esfuerzo que nuestra economía ha tenido que llevar a cabo para cumplir con los objetivos de ajuste presupuestario impuestos por Bruselas. Esa obligación ineludible ha convertido el sistema tributario en una de las principales herramientas para recomponer las maltrechas cuentas públicas de las administraciones del Estado y ha colocado la eficiencia recaudatoria como el principal objetivo de la política fiscal.
Pero la inestabilidad tributaria tiene un precio alto. Las estrategias de inversión y producción que aplican las empresas se adoptan con un horizonte temporal que abarca más de un ejercicio y bajo una serie de criterios de eficiencia que incluyen el lograr una factura fiscal lo más competitiva posible. Precisamente por ello, el coste que supone para la cuenta de resultados de una compañía un marco fiscal cambiante es muy alto y sus consecuencias resultan nefastas para cualquier decisión de negocio y planificación de futuro. Ello no sólo resulta un grave obstáculo para las propias compañías, sino también para el conjunto de la economía española, cuya capacidad de creación de riqueza depende de la actividad empresarial. La solución a esa deficiencia pasa por dos retos. El primero es la consolidación de un marco fiscal estable y que dote de seguridad jurídica a la actividad empresarial. El segundo es la conciencia, que debe adoptar Hacienda, de que es necesario colaborar con las empresas y que lo que estas quieren no es tanto pagar menos impuestos como pagar impuestos estables.