Nuevo portazo del Gobierno a la consulta soberanista en Cataluña
Así, el Gobierno traslada a la Cámara Baja que “la Proposición de Ley Orgánica de delegación en la Generalitat de Cataluña de la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña, presentada por el Parlamento de Cataluña no supone aumento de créditos o disminución de ingresos que afecten a los Presupuestos Generales del Estado”, por lo que no se opone a tramitarla en el Congreso.
No obstante, el Ejecutivo de Mariano Rajoy recuerda que los referendos consultivos están previstos en la Constitución “sola y únicamente para someter a consulta de los ciudadanos decisiones políticas de especial trascendencia”. “Sólo puede consultarse lo que se va a decidir: no caben consultas meramente especulativas”, agrega.
“Y si Cataluña sola, de manera unilateral, no puede decidir jurídicamente su separación de España, tampoco lo puede técnicamente consultar. Y si no puede consultarlo, no puede delegársele la facultad correspondiente, pues estaríamos ante una de las facultades que con arreglo al mismo artículo 150.2 de la Constitución, por su propia naturaleza no sería susceptible de transferencia o delegación”, explica el Gobierno en este documento, firmado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.
Según el Gobierno, “conviene advertir que ni el aspecto formal --la delegación de la competencia--, ni el fondo del asunto --el objeto del referéndum que se pretende convocar--, tienen cabida en nuestro marco constitucional”.
En este sentido, indica que el referéndum está “claramente” configurado en la Constitución como una “manifestación del derecho de participación política”, que goza del carácter de “derecho fundamental”, por lo que “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en su ejercicio corresponde exclusivamente al Estado”.
