Un nuevo modelo territorial para la I+D+i
Los países económicamente más solventes se apoyan en la ciencia, la tecnología y la innovación para fortalecer la productividad y la competitividad de sus empresas, asentando sus sistemas nacionales y regionales de innovación mediante potentes políticas públicas. Tales sistemas están configurados por las entidades públicas y privadas que realizan investigación, por las empresas y por los elementos institucionales que facilitan la formación y la financiación, así como por las administraciones públicas. Sin embargo, España sufre endémicas debilidades respecto de otros países europeos en lo que a ciencia, tecnología e innovación empresarial se refiere. Indudablemente tenemos una producción científica relevante, pero hay grandes incertidumbres en relación a su consolidación.
Los jóvenes (y no tan jóvenes) talentos encuentran difícil encaje laboral en nuestro país y, con frecuencia, han de marcharse. El problema no es en sí mismo que la gente cualificada salga, sino que vengan menos de los que se van, esto es, que el flujo neto de talento sea negativo. No es de extrañar. Los indicadores muestran un menor peso de la I+D en el PIB español (1,3%) que en la UE (2%), con la lógica consecuencia de un número menor de puestos de trabajo en sectores de alta tecnología, particularmente en la industria (0,6% del total de empleos frente al 1,1% en la UE). Si añadimos, además, la elevadísima tasa de desempleo en relación a la población activa concluimos que, efectivamente, España oferta en sectores de alto valor añadido menos oportunidades que otros países de nuestro entorno a personas de elevada cualificación. No obstante, un sistema de innovación dinámico y eficiente, que facilite múltiples interrelaciones entre sus agentes, es reconocido por casi todo el mundo como determinante para alcanzar un crecimiento económico sostenible a largo plazo y, con ello, empleos de calidad y altas cotas de bienestar para el conjunto de la sociedad.
La severidad de la actual crisis financiera ha hecho aparentes las debilidades tanto del modelo territorial, progresivamente configurado en España a partir de 1978, como de nuestro sistema de innovación. Si bien no existe una percepción de la conexión que ambas cuestiones tienen, estoy convencido que, al menos en parte, nuestra debilidad innovadora es una manifestación más de nuestras dificultades territoriales. De hecho pienso que uno de los principales problemas que tiene nuestro sistema de innovación es no tener establecidos unos roles diferenciados para el Estado y las CCAA, una especialización por parte de cada Administración en las políticas públicas relevantes para la innovación que cada una esté en mejor disposición de llevar a cabo. No hacerlo supone no asignar eficientemente los recursos y que los esfuerzos que se hacen a través de los distintos programas públicos no resulten suficientemente eficaces. Ciertamente, como con otras materias, nos encontramos ante una concurrencia de títulos competenciales del Estado y las CCAA. No creo que sea necesaria una delimitación competencial estricta: probablemente nos equivocáramos al hacerla. Entiendo que la clave está en la coordinación, que va más allá de la existente interacción y buena disposición (me consta personalmente que es predominante) entre los responsables estatales y autonómicos.
En mi opinión, debemos fijarnos en países fuertemente descentralizados y con éxito, contrastable en sus economías, en sus políticas de I+D+i. Por ejemplo, Alemania, Suiza o EEUU. En todos ellos se ha definido, de forma simultáneamente consensual y competitiva, un marco de relación en el que, de hecho, existe una especialización voluntaria. Generalmente los gobiernos federales se hacen cargo de la investigación básica y de las grandes infraestructuras científicas. Por su parte, los gobiernos de los estados federados suelen hacerse cargo de las universidades, los programas de I+D de impacto industrial y de los programas de innovación para las PYMEs. Nadie tiene prohibido jugar un papel en un área u otra. Simplemente se produce una especialización natural en lo que primordialmente es función e interés de cada nivel de gobierno y, con frecuencia, una colaboración específica de la federación con cada ámbito territorial. Además, los gobiernos federales desarrollan potentes programas competitivos de I+D+i para todo el país, que lógicamente tienen un mayor retorno para los estados más desarrollados, programas con objetivos regionalizados para los territorios que quedan rezagados y programas para favorecer la interacción entre entidades de los distintos estados federados.
A modo de síntesis ofrezco mis propias conclusiones, fruto de las reflexiones anteriores: (1) En España necesitamos institucionalizar un modelo de coordinación en materia de ciencia, tecnología e innovación. Lograrlo requiere liderazgo del Estado, con políticas diferenciales para potenciar los polos tractores y los nichos de excelencia, reducir las brechas territoriales, y promover la colaboración del Estado con las CCAA y de éstas entre sí. (2) Las CCAA deben saber combinar, en cada caso, roles de liderazgo y subsidiariedad atendiendo a sus específicas circunstancias, oportunidades y ventajas competitivas. (3) Es necesario que los fondos estructurales europeos jueguen un papel aditivo y diferencial en las CCAA destinatarias de los mismos, pues para eso están concebidos. No sería en ningún modo aceptable que tales fondos jugaran un papel sustitutivo, de fondos estatales, en programas competitivos comunes para todo el país. (4) El modelo de sistema de innovación propio de los países federales más avanzados social y económicamente, consensual al tiempo que competitivo, dinámico y especializado, funciona con un, admitámoslo, enriquecedor y autorregulado desorden en varias de las economías más competitivas del planeta. (5) Hacer evolucionar nuestro sistema de innovación tomando como referencia tales casos de éxito debiera ser un objetivo primordial de la política de I+D+i española. En ello nos jugamos buena parte de nuestro futuro.
Juan Ruiz Alzola es director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias.