La UE declara ilegal el céntimo sanitario español
La financiación de la sanidad pública española, y en particular la catalana, tiene desde hoy un nuevo problema. El Tribunal de Justicia europeo ha declarado ilegal el llamado céntimo sanitario, un recargo sobre ciertos combustibles que durante 11 años alimentó el presupuesto sanitario de varias comunidades autónomas. La sentencia, que no admite recurso, impone la devolución de lo recaudado. Una factura que, según señaló el propio Gobierno durante el juicio podría alcanzar los 13.000 millones de euros o el 1,25% del PIB nacional.
El Gobierno ha solicitado en vano al Tribunal que limitase el efecto retroactivo de la sentencia, aduciendo que "la obligación de devolver los impuestos incorrectamente recaudados pondría seriamente en peligro la financiación del sistema de sanidad pública en el territorio de las Comunidades Autónomas". Los jueces se han negado. Primero, porque consideran que el Gobierno y la Generalitat catalana no actuaron de buena fe al mantener durante tanto tiempo un recargo cuya ilegalidad era presumible y al que ya se había opuesto la Comisión Europea en 2001. Y en segundo lugar, dice el Tribunal, porque el mero hecho de que las consecuencias económicas sean muy cuantiosas para el Estado no justifica un límite en la retroactividad que dejaría indefensos a los posibles afectados.
En el caso sentenciado hoy, los afectados eran Transportes Jordi Besora, una empresa de transporte de mercancías que reclamó en Cataluña la devolución de 45.632,38 euros, abonados en concepto de céntimo sanitario entre 2005 y 2008. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña remitió una consulta prejudicial al Tribunal Europeo, con sede en Luxemburgo, para aclarar la compatibilidad de ese recargo fiscal con la Directiva europea sobre impuestos especiales. Y Luxemburgo ha dictaminado hoy que ese recargo es incompatible con la Directiva, por lo que Transportes Jordi Besora podrá recuperar su dinero.
El veredicto, además, abre el paso a otras reclamaciones, pendientes o por llegar. Y según el Gobierno y la Generalitat hay ya "una gran cantidad de litigios". La Comisión Europea, sin embargo, cuestionó durante el juicio el impacto económico de la anulación del céntimo. Y recordó que, en España, "las normas nacionales en materia de prescripción excluirían automáticamente las solicitudes que se remonten a más de cuatro años".
Incluso con esa limitación de cuatro años, "las cantidades (a devolver) siguen siendo considerables", según señaló el juez ponente del caso. Y admitió que dada la "situación económica precaria que atraviesan actualmente España y sus Comunidades Autónomas, no cabe descartar que tales cantidades entrañen un «riesgo de repercusiones económicas graves» en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia". Aun así, ni el juez ni el Tribunal se han mostrado clementes con la administración española y le han denegado cualquier límite de retroactivad.
El Ejecutivo, en enero de 2013, suprimió el céntimo sanitario, que se convirtió en un recargo en el impuesto sobre hidrocarburos. Es decir, a efectos prácticos, empresas y consumidores siguen abonando el impuesto.