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Declaración ante el juez Castro en Palma

Los inspectores de Hacienda descartan que la infanta cometiera delito fiscal

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, a su llegada a los juzgados de instrucción de Palma.
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, a su llegada a los juzgados de instrucción de Palma.EFE

La inspectora de Hacienda que inició de oficio una investigación sobre el Instituto Nóos y Aizoon, la empresa que la infanta compartía con Iñaki Urdangarin, ha negado hoy ante el juez José Castro que doña Cristina cometiera delito fiscal.

Según han informado fuentes jurídicas, la jefa de la unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional, que también ha declarado ante el juez, ha descartado que la hija menor del Rey blanqueara dinero obtenido ilegalmente por Nóos al realizar gastos personales con fondos de Aizoon.

Por su parte, antes de esa declaración, la funcionaria de la Agencia Tributaria responsable de la inspección de las actividades económicas de la infanta Cristina a través de la empresa Aizoon aseguró ante el juez que instruye el caso Nóos, José Castro, que no se sintió presionada al realizar el informe sobre la hija del Rey.

La primera funcionaria de Hacienda que prestó hoy declaración como testigo ha respondido a preguntas del fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, que no se ha sentido presionada en el trabajo en relación con la infanta Cristina que ha llevado a cabo en la instrucción de este caso, en labores de auxilio judicial, han informado a Efe fuentes jurídicas.

En esta primera declaración se apreciaba tensión en la sala, dada la polémica surgida en los últimos días entre quienes consideran que existen indicios para imputar a la infanta y los que piensan que no los hay, según las fuentes consultadas.

La inspectora fue la primera en comparecer esta mañana, aunque su declaración estaba prevista después de otros dos funcionarios citados como peritos, y una vez que ha finalizado se ha producido un breve receso.

El orden de las declaraciones ha sido modificado de manera que la siguiente persona en comparecer fue la jefa del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía, que fue quien descartó que se produjera delito fiscal por parte de la Infanta Cristina, seguida de siete representantes de empresas que contrataron los servicios de asesoría de Iñaki Urdangarin.

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