Renovables al borde del pánico

Semana crucial para las energías verdes. Tras su paso por el Consejo de Estado, el real decreto que establece el nuevo sistema de retribución del régimen especial (un término que ya ha pasado a la historia), podría recibir luz verde en el Consejo de Ministros del próximo viernes. Una vez aprobada esta norma, la orden ministerial que la desarrolla, se enviará a la CNMC para su dictamen.

 Se trata del momento más temido por las empresas afectadas, algo así como la entrega del libro de calificaciones en el que podrán comprobar si han pasado el corte: el que les permitirá sobrevivir (y cómo) o el que las conducirá al concurso de acreedores o al cierre.

La orden ministerial incluirá los polémicos estándares, una suerte de tarifas (se dice que hasta 300) que ha elaborado el Ministerio de Industria con la ayuda de dos consultoras, Boston Consulting y Roland Berger. Los parámetros se aplicarán a cada instalación en función de la tecnología, su año de puesta en funcinamiento, su inversión, etc., lo que implica de antemano un recorte de los ingresos de las plantas solares, eólicas y cogeneradoras de 1.750 millones de euros, según la propuesta de orden de peajes de este año.

En el sector consideran que con la simple publicación de los estándares, incluso antes de que entren en vigor, los mercados reaccionarán en contran y muchas esperan ser castigadas.

Por el momento, no hay información fehaciente sobre si el informe de los estándares está o no terminado (fuentes empresariales aseguran que tiene un millar de páginas) o si el Ministerio de Industria lo va a refrendar con los datos de las citadas consultoras, cuyo proceso de contratación (por invitación) ha sido denunciado por la asociación de las pequeñas fotovoltaicas, Anpier.

Los rumores y el retraso en la aprobación de una de las normas más polémicas de la reforma eléctrica que diseñó el año pasado el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y de cuya defensa se ha ocupado el titular de Industria, José Manuel Soria, han desatado el pánico en un sector que, de momento, no puede cerrar las cuentas del año pasado ni hacer planes para 2014. Y es que, desde julio del año pasado y hasta que entre en vigor el nuevo mecanismo, las instalaciones siguen cobrando primas, pero a cuenta de la retribución que les corresponda con el nuevo sistema.

Este elimina las actuales primas a la producción y garantiza la recuperación de la inversión con una determinada rentabilidad para cuyo cálculo se tendrá en cuenta toda la vida de la planta. Esto provocará, a buen seguro, que las instalaciones más maduras se vayan directamente al mercado y se queden sin cobrar el incentivo. Uno de los rumores que circulan y que aviva muchos temores, es que entre 8.000 y 9.000 MW de la capacidad eólica (casi un tercio de la instalada) se verán en esa situación, concretamente, todos los parques que entraron en funcionamiento antes de 2004.

La nueva retribución se determinará mediante estándares de inversión y de costes de operación, pero estos últimos solo los cobrarán las que no logren cubrirlos con los primeros. En este caso se encuentran únicamente las plantas termosolares, que son las que han entrado en funcionamiento más recientemente.

Otro motivo de nerviosismo es que desde el pasado 1 de enero, además de ver reducidos sus ingresos, las renovables tendrán que financiar como el resto de empresas reguladas, los déficit de tarifa que se genere puntualmente (hasta que alcance el 2% de los ingresos del sistema), lo que les restará liquidez para afrontar sus compromisos bancarios.

La incertidumbre se acentúa ya que las primas se liquidan según la regulación anterior y los ingresos les caerán con el nuevo mecanismo de retribución. En definitiva, como indican en una empresa, “se trata de una nueva vuelta de tuerca para la remuneración y la viabilidad de los proyectos renovables actualmente en operación, pues tienen que cubrir desajustes de los que no son responsables y que eran antes soportados por otros sujetos del sistema”,

Además del real decreto de renovables, el Gobierno sigue sin aprobar la orden de los peajes eléctricos de enero. Un error en la propuesta remitida a la CNMC, en la que figuraba un cuadro en blanco, el de ‘ingresos y costes extraordinarios’, ha obligado a ampliar el trámite de audiencia en este organismo.

Y es que entre la primera propuesta y la corregida, se pasa de un déficit de tarifa de 98,7 millones de euros a un superávit de 16 millones. En sus alegaciones, algunas empresas habían advertido a la CNMC de la ilegalidad de admitir un déficit exante.

En el caso de las energías verdes, la orden de peajes recoge el recorte de las primas en 1.750 millones, al pasar esta partida de los 9.380 millones estimados para 2013 a 7.630 millones en 2014. Además, figuran otras dos partidas de ingresos que el Gobierno no ha aclarado: 333 millones como ingresos extraordinarios procedente de los recortes al régimen especial en 2013, y otra partida que equivale a la mitad de aquella y por igual concepto para el primer trimestre de 2014.

Estos importes corresponderían, según fuentes empresariales, a las reliquidaciones que impone el nuevo sistema de estándares. Un sistema que, como advirtió la antigua Comisión de la Energía en su dictamen sobre el decreto de renovables, no tiene parangón en el mundo, por lo que el experimento puede resultar exitoso, e incluso ser exportado a otros países, o un completo fracaso.