Panamá dice que ya cuenta con financiación para acabar el canal en solitario
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) aseguró hoy que tiene acceso a los cerca de 1.500 millones de dólares que le costaría, según cálculos preliminares, culminar la ampliación de la vía acuática, en caso de que el consorcio a cargo del proyecto lo suspenda la próxima semana por falta de liquidez.
“Estamos en condiciones de tener acceso a los fondos necesarios para poder seguir adelante” con el proyecto de ampliación, “consideramos que, en este momento hasta terminarla, estamos hablando de unos 1.500 millones de dólares”, dijo el administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano.
Esa cifra es preliminar, puesto que habría que, entre otros, analizar en qué condiciones se encuentra el proyecto de construcción del tercer juego de esclusas del Canal y determinar cuánto se adeuda a los subcontratistas, explicó Quijano a los periodistas.
La construcción de las nuevas esclusas, obra que obtuvo el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) en una licitación en 2009 por 3.118 millones de dólares, tiene un avance del 65%, según datos de la ACP, que señala que actualmente el ritmo de trabajo del consorcio se ha reducido al 30% en comparación con noviembre pasado.
La ACP ha desembolsado 2.831 millones de dólares, incluidos 784 millones en anticipos reembolsables, además de 180 millones en costes adicionales.
De concretarse la suspensión de los trabajos el próximo día 20, como ha anunciado el consorcio alegando que no puede soportar más de 1.600 millones de dólares en “sobrecostes”, la ACP asumiría las obras y trataría de reactivarlas en un plazo no mayor de 15 días, añadió Quijano, que no precisó una fecha de conclusión del proyecto en esas condiciones.
La ampliación del Canal de Panamá, que consiste en la construcción de un tercer carril para el paso de barcos con hasta 12.600 contenedores, casi el triple de lo actual, debía estar lista en octubre de 2014, pero ya antes de la actual crisis el GUPC avisó de un retraso hasta junio de 2015.
Quijano volvió a expresar este martes su esperanza en que el consorcio finalice las obras, y dijo que las recientes declaraciones de Manuel Manrique, presidente de la constructora española Sacyr, líder del GUPC, hacen pensar que es posible un acuerdo que impida la paralización.
“Nosotros queremos que GUPC termine la obra, esa es la intención nuestra y ojalá se encuentre el rumbo para poder hacerlo”, dijo Quijano a los periodistas tras un encuentro a puerta cerrada con la directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
Señaló que tiene previsto reunirse el próximo jueves en la capital panameña con Manrique para definir la posición de los contratistas, que no han retirado oficialmente la intención de suspensión a partir del próximo lunes.
“Nosotros esperamos entre el lunes y el martes (próximos) tomar decisiones más decisivas, profundas y que van a depender de las acciones” de GUPC, añadió el administrador de la ACP.
Manrique dijo el viernes pasado en una entrevista con Acan-Efe en la capital panameña que el consorcio GUPC “va a terminar” la ampliación y pidió “confianza” en las negociaciones con la ACP.
En una rueda de prensa celebrada ayer, lunes, en Madrid, Manrique subrayó que las reclamaciones económicas del consorcio son “justas, razonables y plenamente justificadas”.
La ACP ha tildado de ilegal el preaviso de paralización, ha dicho que la cifra de “sobrecostes” no se justifica, y ha pedido al GUPC que procese sus reclamos a través de las instancias previstas en el contrato.
Quijano reiteró este martes que la propuesta de la ACP para inyectar dinero fresco al proyecto y garantizar su desarrollo por los próximos dos a cuatro meses es otorgar una moratoria de dos meses al pago de un adelanto de 83 millones de dólares dado al GUPC, y que ambas partes desembolsen 100 millones de dólares.
“Ellos, entiendo, están buscando alguna otra solución, y esperamos que lo logren”, dijo el administrador sin más precisiones.
La semana pasada Quijano rechazó propuestas del consorcio que apuntaba la posibilidad de que la ACP desembolsara entre 400 y 1.000 millones de dólares por considerar que estaban “fuera” de lo previsto en el contrato.