Las peticiones de rescate de los municipios no llegan a las 400 previstas

Hacienda detectó el año pasado a 402 municipios con graves problemas de solvencia, a los que abrió la puerta para adherirse a un plan de rescate. El plazo para acogerse a las medidas de ayuda finalizó el pasado 31 de diciembre y, a falta de conocer las cifras definitivas, fuentes de Hacienda indican que el número de municipios rescatados será sensiblemente inferior a los 400 previstos inicialmente.

Ello es así porque el departamento de Cristóbal Montoro elaboró su listado de municipios con problemas con cifras del año 2012 y, en 2013, parte de estos ayuntamientos lograron reconducir sus finanzas. En cualquier caso, también existen otros municipios que por cuestiones políticas han rechazado el auxilio del Ministerio de Hacienda. Las ayudas diseñadas por el Ejecutivo se dirigen a ciudades y pueblos con un desequilibrio financiero estructural, incapaces de cubrir los gastos corrientes o con elevadas deudas con proveedores. Hasta diciembre, 88 municipios ya habían solicitado adherirse el plan ante la gravedad de su situación que les llevaba a no pagar las cotizaciones sociales o los intereses del primer plan de pago a proveedores.

De hecho, entre las medidas de apoyo que incluye el plan de rescate destaca la concesión de aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias y a la Seguridad Social por un plazo de 10 años y con la aplicación del tipo de interés legal del dinero (4%). Por otra parte, el Ejecutivo también ha previsto conceder en su programa de ayuda la concesión de anticipos de la participación en tributos del Estado, ampliar el período para devolver las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 y reducir el porcentaje de retención en la participación en impuestos del Estado para compensar deudas con acreedores públicos.

Respecto a las ayudas de carácter financiero, los ayuntamientos que han solicitado el rescate tendrán la posibilidad de convertir en operaciones a largo plazo la deuda que tuvieran a corto. Además, podrán formalizar operaciones de crédito para cubrir la falta “de pago correspondiente a subvenciones concedidas por la UE o por las comunidades autónomas.” Todo este listado de medidas tiene como contrapartida sufrir un mayor control por parte del Ministerio de Hacienda. Así, los municipios rescatados deberán presentar un plan de ajuste, que incluya reducciones del gasto o incremento de ingresos a través de subidas impositivas. En cualquier caso, en conjunto, los ayuntamientos son la Administración más saneada. De hecho, Hacienda espera que los datos de cierre de 2013 arrojen un superávit local del 0,4% del PIB que permita paliar las previsibles desviaciones que sufrirán las comunidades autónomas.

Ahorro financiero

Por otra parte, en las próximas semanas está previsto que Hacienda y el Tesoro rebajen el tipo de interés del 5,9% que abonan las comunidades autónomas por el primer plan de pago a proveedores, que se concedió en 2012 y ascendió a 17.705 millones. Está previsto que el coste financiero se rebaje hasta el 3,34%. Las cifras exactas no están cerradas, en cualquier caso, el ahorro resulta importante en la medida en que el capítulo de gastos financieros es la partida que más subirá en 2014. Las comunidades gastarán este año un 8,18% más en intereses hasta los 8.777 millones, según los presupuestos aprobados. La decisión de Hacienda permitirá rebajar esa cuantía.

Entre 2012 y 2013, los planes de pago a proveedores y los fondos de liquidez autonómico (FLA) han permitido financiar hasta 102.634 millones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Según los cálculos del Ejecutivo, si las autonomías hubieran acudido al mercado en lugar de acogerse a los mecanismos de liquidez de Hacienda, habrían pagado hasta 788 millones más anuales. En este sentido, el Gobierno señala que la negativa de Madrid a adherirse al plan de pago de proveedores y al FLA de 2013 ha supuesto un coste financiero adicional de 31,8 millones para esta comunidad, un extremo que la consejería de Hacienda madrileña niega. Para este año, el Gobierno ha presupuestado 23.000 millones para el fondo de liquidez autonómico, una cifra que con toda seguridad no se agotará y que, previsiblemente, se moverá en torno a los 17.000 millones.

Las comunidades deben cerrar este año con un déficit del 1% del PIB, lo que obliga a mantener las políticas de austeridad. Las autonomías confían en elevar los ingresos derivados del impuesto sobre sucesiones y del impuesto sobre el patrimonio.