Sacyr ultima un acuerdo para solucionar la crisis del Canal de Panamá

Impregilo y su consejero delegado, Pietro Salini, han tensado tanto la cuerda en Panamá que podrían salir de las obras de ampliación del Canal si no se reconduce el conflicto con la ACP. Sacyr, por contra, está abierta a negociar hasta el último minuto para culminar el que se ha convertido en uno de los mayores proyectos de ingeniería de la historia, la construcción de un tercer juego de esclusas.

Fuentes solventes aseguran que el grupo español prepara un pacto con la ACP para mantenerse al frente del contrato. Las mismas fuentes afirman que se acordaría la marcha de Impregilo, de forma paralela a la negociación por los sobrecostes, e incluso el refuerzo de la obra con una nueva constructora.

En Panamá corre el rumor de que fue Impregilo, que cuenta con el 48% del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), la que forzó el preaviso de suspensión de las obras que abrió la batalla el pasado 30 de diciembre. En virtud del plazo estipulado por contrato, la paralización se iba a dar el 20 de enero si la ACP no reconocía sobrecostes que el consorcio cifraba en 1.625 millones de dólares (1.195 millones de euros).

El consorcio viene reclamando por imprevistos en las obras desde mediados de 2012 y Sacyr, como líder del consorcio constructor (49% del capital), ha asumido como propio el ultimátum al Canal. Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos de la parte española han sido notablemente superiores a los de la italiana para tratar de reconducir la situación.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, visitó el país en el arranque de esta semana y se involucró personalmente en las negociaciones. Mantuvo encuentros con el consorcio constructor, con los responsables del Canal y con el presidente del país, Ricardo Martinelli. Por su parte, el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, también ha estado sobre el terreno y el propio administrador del Canal, Jorge Luis Quijano, ha reconocido sintonía con él en las conversaciones.

El consorcio GUPC pedía el anticipo de 400 millones de dólares y se comprometía a aportar 100 millones más, mientras la ACP hablaba de prestar 100 millones de dólares y establecer una moratoria sobre un segundo crédito de 83 millones dispuesto ya por las constructoras.

En cuanto a la parte italiana, el máximo representante en esta crisis ante el presidente Martinelli ha sido Massino Tudini, encargado de negocios en Panamá. Ya desde Roma, el empresario Pietro Salini se desmarcó el miércoles del consorcio GUPC y desveló dos propuestas apadrinadas por Impregilo: el pago de un importe de liquidación por parte del Canal de 1.000 millones de dólares para completar el 33% de la obra por ejecutar aún, o el anticipo de 500 millones de dólares para que los trabajos puedan mantenerse en espera de que la Corte Internacional de Arbitraje dirima las diferencias entre la ACP y las contratistas. Pietro Salini comanda Impregilo desde que su grupo constructor, Salini, se integrara con esta el pasado ejercicio, creando el mayor grupo de infraestructuras de su país.

El plan italiano fue rechazado de plano por la ACP, y Jorge Quijano reiteró ayer que la operadora de la infraestructura está preparada para asumir las obras si no se alcanza un acuerdo con las constructoras. Para ello cuenta con los 600 millones de dólares en garantías depositados por GUPC en agosto de 2009 y con otros 440 millones de dólares en caja que iban a destinarse a terminar de pagar el contrato.

Sobre la posible ruptura y la búsqueda de constructoras, Impregilo estima que esto supondría un retraso de al menos tres años en la terminación de unas obras que tenían su fecha de conclusión en agosto de este año y que aún se alargarán hasta junio de 2015.