Fomento pide luz verde a Bruselas para rescatar las autopistas

El asunto del salvavidas para las nueve concesionarias de autopistas en concurso de acreedores y en riesgo de liquidación ha llegado a la mesa de Joaquín Almunia. Fomento ha pedido la opinión de la Comisión Europea para evitar cualquier tipo de intervención que contravenga la legislación en materia de Ayudas de Estado al sector privado. Fue en un encuentro celebrado a finales de diciembre. Fuentes conocedoras de los detalles aseguran que se celebró en Bruselas y que la expedición del ministerio estaba liderada por la ministra Ana Pastor, el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, y el director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), Juan Alfaro.

La iniciativa de Fomento se ha visto en buena parte favorecida por las dudas del Ministerio de Hacienda sobre el plan de rescate. Tal y como avanzó CincoDías el pasado 22 de noviembre, la entrada de Hacienda de lleno en el asunto se produce tras una reunión al más alto nivel en la que Pastor dio los detalles de los pros y los contras de la nacionalización al presidente Mariano Rajoy, el ministro de Economía, Luis de Guindos, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al responsable de la oficina económica de Moncloa, Álvaro Nadal. La decisión de Rajoy fue trasladar a Hacienda la decisión final previo estudio técnico.

Desde entonces, ha sido la figura de la Ayuda de Estado y la posible computación como déficit de la deuda de 3.700 millones de las autopistas lo que ha preocupado a Montoro. La legislación sobre Ayuda de Estado deja muy abiertos los supuestos, impidiéndose en teoría el apoyo de alguno de los socios de la UE a empresas concediéndoles ventajas, favoreciendo a determinadas compañías o producciones, utilizar recursos públicos para ello o alterar la competencia.

En cuanto al impacto en el déficit, se evita si los ingresos por peajes de la futura Empresa Nacional de Autopistas cubren un mínimo del 51% de los gastos de operación y el pago de intereses.

El rescate incluye el reconocimiento de una deuda de 500 millones con algunas constructoras, y se sumaría la deuda de cada una de las concesionarias para refinanciarla con la banca. La empresa controlada en un 80% por el Estado tendría un primer tramo de deuda de 3.700 millones a un tipo medio del 2,6%, según se ha negociado con la banca acreedora, y un segundo tramo de 1.200 millones correspondiente a un nuevo crédito al 6% de interés con el que se cubrirían las expropiaciones de suelo pendientes de pago.

La responsabilidad del Estado

Las autopistas englobadas en el proyecto de nacionalización de Fomento son la M-12 (Eje Aeropuerto de Barajas), Henarsa (Radial 2), Accesos de Madrid (Radiales 3 y 5), Autopista Madrid-Sur (Radial 4), Madrid-Levante (AP-36, Ocaña-La Roda), Aucosta (Cartagena-Vera), AP-41 (Madrid-Toledo), Ciralsa (circunvalación de Alicante) y Ausur (Alicante-Cartagena). En el capital de las concesionarias figuran Ferrovial, Abertis, OHL, Sacyr, Globalvía, ACS, Isolux, Acciona, Globalvía y numerosos grupos medianos.

Prácticamente todos los contratos firmados entre concesionarias y el Estado contemplan la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA). Un derecho de cobro que las concesionarias pusieron como garantía ante la banca para financiar la construcción de las autopistas.

En caso de liquidación, los acreedores ejecutarían esa RPA y el Estado se vería obligado a responder por unos 4.000 millones de euros. Los distintos concursos están avanzando hacia la fase de convenio y la citada liquidación es el margen con que cuenta Fomento para nacionalizar y evitar el desembolso a favor de la banca.