España frente a su asignatura pendiente
El pasado 3 de diciembre se presentaron los resultados para el año 2013 del índice de percepción de la corrupción. Elaborado por Transparencia Internacional, recoge la clasificación de 177 países según sea el nivel de corrupción en función de la percepción que tienen a este respecto los ciudadanos, diversos especialistas, así como otros colectivos consultados por diferentes organismos internacionales.
La nota de esta asignatura para nuestro país no ha sido nada satisfactoria. España ha caído 10 puestos en tan solo un año (de la posición 30 pasa a la 40), a la vez que cede seis puntos (del 65 al 59). Se trata de la peor calificación en 15 años, pues desde 1997 no bajaba de los 60 puntos. En el ranking global, Dinamarca y Nueva Zelanda comparten el primer lugar con 91 puntos de un máximo de 100 (estos equivaldrían a una posición de limpieza absoluta o ausencia total de corrupción). Las últimas posiciones corresponden a Afganistán, Corea del Norte y Somalia.
Observada la clasificación anterior, no es de extrañar que nuestro país también ocupe puestos muy discretos en el índice de desarrollo humano que publica la ONU, en el Doing Business del Banco Mundial o en el índice de libertad económica.
Definir el término corrupción no es nada sencillo. Existen diferentes instituciones donde se manifiesta y una gran variedad de disciplinas a las que afecta (políticos, jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, personal de empresa, como contables o auditores, etc.). Analizar la corrupción desde el punto de vista económico ofrece un juego indispensable para valorar sus elevadísimos costos, que, por otra parte, muchos parecen desconocer o no interesarles. Aquella distorsiona la asignación de recursos, merma el crecimiento y desincentiva la inversión. En consecuencia, aumenta la desigualdad existente (corrupción: obstáculo al crecimiento y a la competitividad. Economía Exterior. Núm 31. 2004/2005. Laura Alcaide Zugaza).
Dado que el nivel de transparencia de las entidades de nuestro sector público es claramente mejorable, Transparencia Internacional España señala en su página web la necesidad de que las diferentes formaciones políticas asuman los principios y medidas que se recogen en el siguiente decálogo de transparencia e integridad:
1. Tramitación urgente de una ley de transparencia y acceso público a la información que incorpore procesos y órganos que den garantías de su adecuada implantación. España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene una ley de este tipo.
2. Creación de un portal nacional de transparencia pública.
3. Exclusión de las listas electorales de los procesados por corrupción.
4. Reforma de la legislación electoral para desbloquear las listas cerradas que presentan los partidos políticos.
5. Compromiso de los cargos públicos electos de formular y hacer pública su declaración de bienes e intereses.
6. Modificar la normativa sobre financiación de los partidos políticos en línea con las recomendaciones del Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa).
7. Establecer la obligatoriedad legal de rendición y publicación online de las cuentas de los partidos políticos, incluyendo el detalle de sus cuentas electorales.
8. Aprobación de una ley para la protección al denunciante de prácticas corruptas e ilegales, tanto en el ámbito público como en el sector empresarial.
9. Respeto efectivo de los principios de méritos y capacidad, así como la eliminación de la libre designación y el cese discrecional en la Administración pública.
10. Promover un pacto nacional de lucha contra la corrupción entre partidos, ONG, asociaciones empresariales, sindicatos y medios de comunicación.
Los anteriores principios y medidas están recogidos y ampliamente desarrollados dentro del conjunto de más de 40 propuestas que se incluyen en el proyecto ENIS (European National Integrity Systems) que Transparencia Internacional España está desarrollando junto con otros 25 países europeos.
Mantenernos de brazos cruzados cuando tenemos todavía esta asignatura pendiente significa no conocer y valorar de forma adecuada qué diferencias existen entre los países altamente desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo. Implica permanecer ciegos ante los logros de los países ricos y las carencias de los pobres. Conlleva, en definitiva, ignorar el significado y darle la importancia que se merece a gozar de un elevado índice de libertad económica. Ejemplos en los que fijarse existen. Y, por supuesto, se encuentran a nuestro alcance. Como verán ustedes, deseos para este próximo año no nos faltan. Que se hagan realidad va a ser mucho más complicado.
Fernando Ayuso Rodríguez es economista.