Una cuestión de sentido común

Se acaba de celebrar en Barcelona una nueva edición del “Smart City Expo World Congress” y parece que por fin se ha impuesto el sentido común entre los distintos players de este nuevo sector en España.

Desde hace unos años todos los alcaldes quieren que su municipio sea “inteligente”. El concepto smart city se ha puesto de moda en el sector público local. Ocurre, sin embargo, que la implementación de lo que ha de ser una smart city se ha traducido, en muchos casos, en la rápida implementación de numerosísimos proyectos piloto que no se han consolidado, el “sembrado” –quizás innecesario– de centenares de sensores por las ciudades, la licitación de contratos que incorporan elementos “inteligentes” sin reflejar una visión integrada a nivel ciudad de cuál ha de ser el futuro de la prestación de servicios públicos a largo plazo (esto es, más allá de un mandato electoral), una tímida involucración del sector privado y sin tener en cuenta, en general, al protagonista principal de esta evolución en la prestación de tales servicios: el ciudadano.

Tras este congreso sin embargo, parece que por fin, tanto el sector público local como el sector privado se han dado cuenta de que se trata de poner en práctica lo que la normativa local exige y ha exigido históricamente: intentar prestar los servicios públicos de la mejor forma posible con los medios disponibles en cada momento, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades reales de los ciudadanos de cada municipio y las limitaciones presupuestarias de cada ejercicio. En la actualidad, esto se traduce, inevitablemente, en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para conseguir que las ciudades del futuro sean más sostenibles y eficientes (principalmente a nivel energético y ambiental), en las que la experiencia de vivir en ellas sea de calidad, que ofrezcan oportunidades de crecimiento y, todo ello, con el menor gasto público posible, la colaboración con el sector privado y la participación activa del ciudadano. En la práctica, esto supone un cambio muy sustancial respecto de la forma en la que las ciudades se han gestionado hasta la fecha. No se trata de convertir nuestras ciudades en “inteligentes”, se trata de que estén lo mejor gestionadas posible, en función de sus características y necesidades particulares y de los medios disponibles; como se dijo en el congreso “moving beyond smart to best run”. Todo un reto.

No va a ser fácil en absoluto consolidar esta evolución. Sin embargo, me atrevo a señalar que ya existe consenso sobre las siguientes diez premisas básicas:

-No hay vuelta atrás. Las ciudades están avocadas a incorporar las TIC en la prestación de los servicios públicos locales. Y ello no significa que la “tecnología” vaya a tomar decisiones al margen de las personas, sino que su uso permitirá obtener más información y de mayor calidad para una toma de decisiones mejor informada por parte de los responsables. La tecnología es la herramienta que permitirá satisfacer las demandas de los ciudadanos.

-Cada ciudad necesita su “visión”, esto es, identificar a largo plazo las necesidades reales de sus ciudadanos, establecer objetivos centrados en ellos, identificar los mecanismos necesarios para conseguirlos e implementarlos.

-Paralelamente al desarrollo urbanístico y territorial que cada ciudad históricamente ha promovido, debe crease una arquitectura digital, una especie de “sistema nervioso” o “cerebro” digital y abierto de la ciudad, integrado en la infraestructura física, sobre el que fluya toda la información y nutra las aplicaciones que han de permitir una mejor, más eficiente y sostenible prestación de los servicios públicos.

-Se hace imprescindible una modificación estructural en la organización administrativa de la ciudad y un cambio de mentalidad. Urbanismo, medio ambiente, tecnologías de la información, suministros, hacienda, infraestructuras..., han dejado de ser áreas estancas. Deben integrarse para la correcta toma de decisiones en beneficio de las exigencias del ciudadano y de la sostenibilidad.

-El personal de la administración local, incluidos los cargos políticos, necesitan una correcta formación –inexistente hasta la fecha– sobre lo que implica convertir la ciudad en una smart city y el significado de “interés público” en este contexto.

-No hay que reinventar la rueda. Los conceptos pueden ser los mismos para distintos tipos de ciudades, aunque la problemática concreta difiera. Se apuesta por los códigos de buenas prácticas o estandarización (como el “City Protocol” que está desarrollando Barcelona), la compartición entre ciudades de soluciones comercialmente escalables y las aplicaciones en la nube, que no exigen sofisticados conocimientos técnicos para su funcionamiento. Los proyectos pilotos no son la solución.

-El sector público tiene que involucrar al sector privado. Para ello, el sector público debe elaborar un modelo de negocio atractivo para el sector privado y financiable por el mercado. El presupuesto público no es la solución. La transformación de nuestras ciudades en ciudades “inteligentes” exige fórmulas de colaboración entre ambos sectores, con la involucración del sector financiero.

-Nuestro ordenamiento jurídico ofrece las herramientas necesarias para que las ciudades puedan contratar con el sector privado las prestaciones necesarias para una mejor, más eficiente y sostenible prestación de los servicios públicos locales. Lo relevante es saber interpretar las normas y encontrar el encaje jurídico de los proyectos con la ayuda de profesionales especializados que conozcan el sector. Ello no significa que no pueda ser necesaria alguna modificación normativa, pero no la reordenación de la legislación en materia de contratos del sector público.

-Parafraseando la tradicional canción navideña americana: “big data is coming to town”. Los municipios tienen que enfrentarse a la gestión de ingentes cantidades de datos, que han de permitir un análisis predictivo de futuras incidencias y sus correspondientes soluciones, siendo respetuosos con la legislación en materia de protección de datos y adoptando las medidas de seguridad necesarias para su preservación. Un elevado porcentaje de estos datos se convertirá en open data, accesible a ciudadanos y desarrolladores para una constante innovación en la mejora de la eficiencia y sostenibilidad de los servicios públicos.

-El ciudadano debe ser el centro en la toma de decisiones. Se trata de establecer los mecanismos necesarios para hacerle partícipe desde el principio en el desarrollo de los proyectos smart, pues es el mejor conocedor de las necesidades de su ciudad (bottom up approach), con el consiguiente esfuerzo de transparencia y comunicación por parte de los municipios hacia al ciudadano, que exigirá conocer cómo se invierten en su beneficio los ahorros obtenidos con la implementación de proyectos smart.

Carme Briera. Abogado. Clifford Chance