“Las renovables no podrán cerrar las cuentas de este año”

La brecha que el Gobierno abrió en el sector de las energías renovables en julio, sigue abierta. El real decreto-ley de medidas urgentes incluido en el paquete de la reforma eléctrica establecía la desaparición del actual sistema de primas y su sustitución por una retribución basada en estándares de inversión y costes de operación que, garantizando una rentabilidad del 7,5%, se calculará desde el año en que la planta comenzó a funcionar.

 En estos momentos, todo está empantanado, pues siguen sin ver la luz los reglamentos de dicha norma:ni el real decreto que lo desarrolla, que va por su segunda versión y está en manos de la CNMC, ni los estándares elaborados por el IDAE con la ayuda de dos consultoras, Boston Consulting y Roland Berger. Estos parámetros, que se incluirán en una orden ministerial, no se podrán aprobar antes que dicho decreto. Mientras tanto, las empresas están cobrando las primas a cuenta de una nueva regulación cuya aplicación no se espera antes de febrero.

Para el presidente de la Unión Española Fotovoltaica (Unef) y consejero delegado de Gestamp Solar, Jorge Barredo, lo más grave en estos momentos es que “las empresas no podrán cerrar las cuentas de este ejercicio”, por lo que las auditoras le harán las correspondientes salvedades. Y, al estar en riesgo de concurso, “los bancos les obligarán a reclasificar la deuda a corto plazo”, por lo que el inversor deberá responder con su popio patrimonio.

“Fuera de España no se lo pueden creer, es un golpe a la seguridad jurídica de la Unión Europea, no solo de España”, se lamenta Barredo.

Los retrasos se atribuyen a la decisión de Industria de volver a elaborar un segundo texto del RD de renovables. “En el ministerio había un claro malestar con los dictámenes de las antiguas CNE y CNC sobre el decreto de renovables y el de autoconsumo”, señala, “y como han diseñado un supervisor a su medida [la nueva CNMC], lo han vuelto a enviar para lograr un dictamen positivo”. El nuevo RDde renovables “atenta contra la normativa europea y hace caso omiso a las llamadas de atención de los diferentes reguladores”, señala el presidente de Unef, la asociación que integra a las mayores empresas fotovoltaicas de España.

En su opinión, el nuevo decreto “ahonda en la inseguridad jurídica, instaurando la arbitrariedad y la retroactividad como principios legislativos”. Yes que los parámetros en los que se basa la retribución y la rentabilidad para las instalaciones que ahora reciben primas “podrán variarse sistemáticamente”, añade.

Barredo recoge el clamor del sector, al advertir de que “esta absoluta inseguridad hará imposible conseguir financiación para los nuevos proyectos”. Y, lo que es más grave, “bloquea la posibilidad de refinanciación de los existentes, que ya se encuentran en situación de default”. En una reunión que mantuvo hace un mes con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, le avisó de que “parte de un error”, como es la supuesta rentabilidad del 7,5%, y le recordó que las empresas han abordado inversiones con unas normas “que se han cambiado, al menos, cinco veces”.

Al Gobierno le gusta repetir que el Tribunal Supremo le permite recortar los incentivos a las renovables con carácter retroactivo, siempre que se mantenga una rentabilidad razonable. “Esa es su opinión, pero lo cierto es que el tribunal habla de medidas compensatorias”, considera Barredo. Además, según sus palabras, “esto no tiene que ver con cambiar todo el marco legislativo” a través de normas con rango de ley, “lo que nos deja inermes ante cualquier reclamación”. Las empresas sí han denunciado las liquidaciones definitivas de la antigua CNE. Pero no hay avances, pues aún las de 2011 son provisionales.

Para el presidente de Unef, el peaje de respaldo que el Gobierno quiere aplicar al autoconsumo, “un impuesto al sol”, como lo denominan en el sector, “responde a un acuerdo con las grandes eléctricas”. Para el Gobierno lo que importa es “que haya consumo, le da igual la eficiencia y el ahorro y se ha alineado con Unesa”,. Pero “no ha hecho falta presionarle, ha habido una conjunción de intereses”, asegura.

El Ejecutivo está confiado en que la deuda de las plantas se va a refinanciar, “pero habrá que ver cuáles son los valores estándar, pues si los ingresos son inferiores a la deuda, esta solo se podrá refinanciar con una quita y los bancos no están por la labor. Solo están dispuestos a subir los tipos al 9%”, subraya Jorge Barredo. “Y teniendo en cuenta que ya nos han bajado los ingresos un 50%, por lo que una nueva bajada nos impedirá pagar la deuda”, añade.

En este sentido, se muestra rotundo:“No hablamos de perder la rentabilidad, sino de perder toda la inversión”. Hasta la reforma eléctrica, el periodo medio de la recuperación de la inversión de una planta fotovoltaica era de 15 años, a partir de ahora “dependerá de los estándares que se apliquen”.

Según datos de Unef, la fotovoltaica acumula una deuda de 22.000 millones de euros, de los cuales 14.000 millones están contraídos con bancos españoles. En el conjunto de las renovables (eólicas y termosolares incluidas) el endeudamiento asciende a 50.000 millones, 30.000 millones con la banca nacional.