Cuatro escenarios en que el Estado paga por avalar los créditos fiscales de la banca

En la somera explicación que el ministro de Economía ofreció el pasado viernes tras la aprobación de un aval del Estado sobre un 60% de los 50.000 millones de euros en créditos fiscales de la banca, Luis de Guindos aseguró que se trata de “una cuestión contable” que no tendrá un impacto “relevante” en las arcas públicas. Tratando de hacer prevalecer el mensaje de que “no son ningún préstamo ni ayuda” para la banca, el responsable de Economía no explicó al detalle los posibles supuestos en que el Estado tendría que hacer frente monetariamente a su compromiso. Si bien los expertos descartan el peor de los escenarios, en que la quiebra de todo el sistema financiero supondría una factura de 30.000 millones solo por el aval, la mayoría duda de que la operación vaya a salir gratis.

“Veremos qué coste tiene. Si sale de cine no tiene coste alguno, pero parece difícil de conseguir”, expone Franciso de la Torre, inspector de Hacienda. Los créditos fiscales son derechos a pagar menos impuestos en el futuro que se generan por las pérdidas pasadas o por la dotación de fondos, como el de pensiones o provisiones al ladrillo, gastos que la banca no puede deducirse hasta su desembolso. Lo que el Estado ha hecho es avalar los créditos fiscales sobre planes de pensiones y provisiones inmobiliarias, así como los de pérdidas causadas por esta última partida, para que sigan computando como capital de las entidades a partir del 1 de enero cuando entra en vigor la nueva regulación financiera Basilea III.

El Banco de España citaba ayer en una nota informativa tres escenarios en los que el Estado tendría que pagar por su aval. Existe, al menos, uno más.

1. Pérdidas contables. La causa más plausible es que alguna de las entidades incurra en pérdidas contables a partir del próximo ejercicio. En la medida en que esas pérdidas rebajen el ratio de capital de la entidad, el Estado debería desembolsar la cuantía equivalente a los activos fiscales necesarios para alimentar el colchón de solvencia de la firma. Un compromiso clave que se activa para el ejercicio 2014, en el que la banca española se someterá a los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y del Banco Central Europeo (BCE).

2. Pasados 18 años. Como aprovechar los créditos fiscales está ligado a que una empresa logre suficientes beneficios en el futuro como para descontarse de los impuestos correspondientes todos los derechos generados, una segunda posibilidad es que la banca no logre unos resultados suficientemente buenos como para llegar a descontarse esos 30.000 millones. Para hacerlo tienen un plazo de 18 años pasado el cual, en circunstancias normales, esos derechos dejarían de tener validez. El aval del Estado incluye el compromiso de transformar esos créditos fiscales sin utilizar en deuda pública una vez concluya dicho periodo, elevando el endeudamiento estatal.

3. Quiebra o liquidación. La tercera opción contemplada por el Gobierno es que alguna de las entidades quiebre. La normativa financiera Basilea III impedía que los créditos fiscales computaran en capital precisamente porque si a la entidad le va mal, esos derechos no valen nada. La validez que conservan con el aval del Estado radica en que si la entidad cae en bancarrota o es liquidada, la parte del capital correspondiente a créditos fiscales será aportada con fondos públicos para hacer frente a los acreedores. Aunque improbable, en la práctica esta última opción blinda a las entidades ante una eventual liquidación ya que el Estado soportaría un coste extra que haría menos rentable desmontarla que mantenerla activa.

4. Subida de impuestos. Finalmente, si como se viene dejando caer la próxima reforma fiscal implica una rebaja de impuestos, el Estado podría verse obligado a compensar a algunas entidades. “Si el año que viene hay bajada del tipo nominal del impuestos de sociedades, esto reduciría el volumen de créditos fiscales que tiene la banca”, explica el inspector de Hacienda Francisco de la Torre. En el caso de que el tipo pasara del 30% al 25%, que es la media de los países de la OCDE, “automáticamente el balance de las entidades tendría menos créditos fiscales” ya que la potencial deducción sobre sus gastos sería menor, explica De la Torre, quien estima que el agujero en el capital del sector sería de 5.000 millones que el Estado podría tener que aportar. Fuentes del Ministerio matizan, sin embargo, que la reforma fiscal está por definir y que el cálculo variaría en función de si se termina tocando el tipo, se actúa sobre las deducciones permitidas a grandes empresas o se acota expresamente el efecto en créditos fiscales.