La banca salvará capital por créditos fiscales más allá del aval del Estado

Es la mejor reforma posible para la banca española”, valoraban ayer algunos expertos en fiscalidad sobre el nuevo tratamiento de los créditos fiscales aprobado el viernes. Una reforma “ad hoc” que recompensa a las entidades por el esfuerzo realizado en provisiones al ladrillo, que solo con los dos primeros decretos del ministro Guindos supuso un desembolso de 82.000 millones en 2012. De este esfuerzo en saneamientos, e incluso de las pérdidas a las que llevaron a algunas entidades, derivan el grueso de los 30.000 millones en créditos fiscales, de un total de 50.000, que el Estado avalará para que sigan computando como capital de la banca. El sector no enfrenta, sin embargo, un agujero de 20.000 millones como pudiera parecer, ya que la propia norma europea permite conservar otra parte. Así, la mayoría de expertos coincide en que la banca española llegará a los test de estrés del próximo año por encima del nivel de solvencia exigido. Aun así, dada la dificultad técnica del cálculo, las entidades siguen valorando el impacto concreto.

Los créditos fiscales (DTA, por sus siglas en inglés) son derechos para reducirse el pago de tributos en el futuro gracias a las bases imponibles negativas (pérdidas) pasadas o las diferencias contables temporales que suponen alimentar algunos fondos (como las provisiones o los planes de pensiones) que las empresas no se pueden deducir hasta su desembolso. Pero la posibilidad de disfrutar de esta rebaja de impuestos está condicionada a generar beneficios suficientes como para aplicar el derecho a las deducciones correspondientes. La nueva regulación financiera internacional Basilea III establece que, en contra de lo que se venía haciendo, los créditos fiscales no deberían computar como capital porque en caso de que una entidad quiebre no valen nada. La directiva europea que transpone la norma obliga a restar directamente del capital esos DTA generados por bases imponibles negativas. En el caso de las diferencias contables temporales, la norma permite a las entidades conservar el equivalente de hasta un 10%de sus recursos propios.

Ante esta situación, y como ya hicieran otros países como Italia o Francia, el Gobierno español ha aprobado una reforma destinada a que la banca pueda mantener como capital el máximo posible de créditos fiscales. La jugada consiste en darles un valor real, independientemente de si las entidades tienen beneficios, avalándolos con dinero público y comprometiéndose a canjearlos por deuda estatal si no logran aprovecharlos en 18 años.

Se avala así ese 90% restante de los DTA por diferencias temporales tanto por fondos de pensiones, lo que beneficia especialmente a grandes entidades como Santander o BBVA, como por las provisiones al ladrillo, lo que aprovechará todo el sector. Y, más allá, se considera que las pérdidas de 2011 y 2012 se derivan de ese esfuerzo en saneamientos, tratándolas también como una diferencia temporal, lo que beneficia a las nacionalizadas. En total, el Gobierno espera avalar un 60% de los 50.000 millones en DTA del sector pero desde una importante consultora estiman que sumando el 10% que reconoce Basilea III, la banca no sufrirá ningún agujero relevante de solvencia.

Por entidades, los analistas hacen alguna excepción. Tras la reforma, “los ratios de capital de todas las entidades a excepción de Bankia se mantienen por encima del 8% regulatorio”, asumía Renta 4. Por contra, los analistas de KBW subieron el precio objetivo de la nacionalizada tras conocer el texto del decreto. Goldman, a su vez, viene apuntando a Sabadell como el más beneficiado y a Popular como el que, entre los grandes, más riesgo corre de tener que reforzar su solvencia.