El día de la marmota eléctrica

Las grandes eléctricas de Unesa "no deberían estar preocupadas" porque Hacienda haya decidido eliminar dos partidas presupuestarias destinadas a la tarifa eléctrica (2.200 millones del crédito extraordinario aprobado recientemente por el Parlamento ni los 900 millones para los sistemas de las islas) aunque vaya a generar un déficit tarifario del que ellas tendrán que financiar 3.600 millones. Tampoco los consumidores deberían inquietarse pues el último capítulo del guirigay de la reforma eléctrica "no tiene por qué traducirse en una subida de la luz".

 En una situación normal, palabras como estas pronunciadas por un ministro habrían resultado tranquilizadoras, pero viniendo de José Manuel Soria solo han infundido desconfianza. A la luz de la experiencia, las declaraciones del titular de Industria ayer en Las Palmas, se pueden entender justo al revés y han hecho temblar a eléctricas y consumidores.

El Gobierno del PP se ha empeñado en sumir al sector eléctrico en su propio día de la marmota. Así, lo acontecido el viernes en el Senado, con la introducción in extremis de varias enmiendas del Grupo Popular al proyecto de ley eléctrica para reconocer por ley un voluminoso déficit de tarifa este año, recuerda a aquel otro polémico real decreto ley de 31 de diciembre de 2012 sobre empleados del hogar. Con él se levantó el techo de déficit titulizable con el aval del Estado.

Con reformas rimbombantes o sin ellas y pese a que los usuarios pagan cada vez más por la energía, siempre a finales de año al Gobierno se le aparece el fantasma de un déficit estructural que no baja de los 4.000 millones. Pero entre el año pasado y este hay una diferencia sustancial: mientras en 2012 el Gobierno había aplicado solo algunas medidas de choque, en este ha abordado el cambio de todos los cambios, con un paquete de más de una docena de normas.

Sin dejar de reconocer que la crisis económica juega en contra de cualquier paliativo anti-déficit, pues la persistente caída de la demanda se va comiendo poco a poco los ingresos de los peajes eléctricos, Industria ha creado un gigante con pies de barro.

La reforma basaba su éxito en las aportaciones este año de Hacienda y en 2014 y sucesivos en el efecto de la rebaja de los costes del sistema, que asumirán las las empresas, y en las correspondientes subidas de tarifa. Pero el basamento de la reforma se ha desmoronado con la decisión de Hacienda de eliminar las citadas partidas con el argumento de que el déficit público tiene prioridad sobre el de tarifa. Lo cual supone, según la opinión general, “un rotundo fracaso”.

Aunque a principios de año Cristóbal Montoro se mostró dispuesto a ayudar al artífice de la reforma eléctrica, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, con un crédito por un máximo de 2.200 millones, estuvo menos clara su disposición a poner la mitad de los incentivos de las extrapeninsulares que se le exigió en julio. De hecho, el titular de Hacienda no tuvo reparos en desmentir entonces a Soria, que se adelantó al asegurar que el Estado salvaría la reforma.

El conflicto, en el que medió el propio presidente del Gobierno, se cerró en falso y, de ahí, el resultado: una nueva patada hacia adelante de los sobrecostes de las islas, y ya van cuatro.

Aunque en julio, en pleno proceso de elaboración de los Presupuestos de 2014, en Hacienda eran conscientes de que tampoco podría asumir el crédito de 2.200 millones. Pese a todo, la ley que incluía este préstamo, que sirvió para seguir haciendo creer en los reyes magos, continuó su trámite y se aprobó el 17 de octubre. Su derogación (y no solo suspensión), que establece otra de las enmiendas del Senado, la convierten en una de las leyes más breves e inútiles de la historia.

Por el momento, las grandes eléctricas de Unesa están digieriendo una decisión que desde hace semanas se veían venir. En las compañías han denunciado presiones de Industria para que retiren sus recursos ante el Supremo contra la orden de peajes de agosto, cuyo desenlace podría tener graves consecuencias para Industria. Si se portan bien, el ministerio será benevolente, se les ha comunicado.

Aunque Soria anunció ayer que la deuda que tendrán que financiar contará con el aval del Estado, no fue esto lo que dijo a las empresas en la reunión mantenida la semana pasada en el ministerio.

Tampoco figura así en la enmienda 486 del PP que establece que el déficit reconocido para este año será financiado por las empresas y que su cesión a terceros “se determinará reglamentariamente” a través de un real decreto u orden ministerial. Teniendo en cuenta que el aval del Estado requiere de una ley, es evidente, que, hoy por hoy, aquel no se contempla.

Las empresas vuelven a estar como hace una década, cuando las condiciones de las titulizaiones las imponía el ministerio, aunque, en este caso, con los mercados en su contra.

Las consecuencias de la medida han llegado a la Bolsa. Las eléctricas fueron ayer las protagonistas de las caídas del Ibex. Acciona, que no financia el déficit tarifario pero tiene intereses en energías renovables sometidas a cambios regulatorios, perdió un 3,58% de su valor, hasta 43,38 euros, mientras que el operador del sistema, REE, lo hizo en 3,48%, hasta 45,54 euros. Las tres de Unesa que cotizan se vieron afectadas en menor medida:los títulos de Iberdrola cayeron un 1,92%, hasta 4,59 euros por acción; los de Endesa, en un 1,81%, hasta 21,7 euros, y los de Gas Natural Fenosa un 1,01%, hasta 18,13 euros.