Rajoy salva 31.000 millones de capital de la banca
Viernes lleno de novedades regulatorias para el sector financiero. El Consejo de Ministros aprobó el tan esperado real decreto-ley de transposición parcial de la normativa europea de solvencia por el que se da un nuevo tratamiento para los activos fiscales diferidos (conocidos más como DTA en sus siglas en inglés) de los bancos. Con esta norma las entidades financieras podrán salvar como capital de máxima categoría 31.000 millones de euros, de los 50.000 millones que tienen generados en España (cuentan con otros 20.000 más generados en sus filiales internacionales, pero no están incorporados en esta normativa).
Este real decreto modifica la normativa fiscal del impuesto de sociedades para permitir que puedan seguir computando como capital de primera categoría como ocurre en el resto de Europa. El escollo es que con la entrada en vigor en enero de Basilea III, los bancos no podrían sumar como capital los créditos fiscales generados hasta ahora y que sí computaban como solvencia de máxima categoría hasta finales del presente ejercicio si no se modificaba su régimen fiscal. España sigue así el ejemplo de gran parte de los países europeos, entre ellos Italia, nación de la que se ha seguido su regulación, aunque adoptada.
Pese a ello, y tras varios meses de negociación, en el que existían criterios distintos entre Economía y Hacienda, el sector financiero considera un éxito poder computar como capital estos 31.000 millones de euros bajo las directrices más exigentes de Basilea III.
Se mantienen así como fondos de primer rango de solvencia los activos fiscales dentro de balance de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 correspondientes a las aportaciones a fondos de pensiones de sus empleados, las provisiones para insolvencias (sobre todo las genéricas incluidas en los dos decretos del pasado año para sanear los activos inmobiliarios, conocidos como Guindos I y II) y los activos adjudicados por pérdida de su valor. Fuera quedan, sin embargo, las bases negativas imponibles de años anteriores a 2011, que no serán avaladas como capital como hasta ahora.
El Gobierno justifica esta conversión de activos fiscales diferidos en capital al no poderse apuntar estas partidas desde un primer momento como gastos, con lo que pagan más impuestos de los que les correspondería y ello les genera un crédito fiscal que, según la legislación, pueden recuperar en un plazo de hasta 18 años, en función del tipo de DTA –por diferencia temporal o por pérdidas–. La nueva norma, que se publica este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sí incentiva, sin embargo, las subastas de Novagalicia y Catalunya Banc, cuyos compradores podrán contar con DTA a sumar en su capital, algo que reclamaban los bancos interesados en pujar por estas entidades nacionalizadas.
Los DTA son meros apuntes contables que se han generado con el paso de los años, es decir, un derecho de cobro que Hacienda reconoce y que pretende compensar en el futuro reduciendo los impuestos que cada ejercicio tienen que liquidar las entidades.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró el viernes que la medida tendrá un impacto “prácticamente inexistente” en las cuentas públicas. Solo afectará al cómputo del déficit del Estado si alguna entidad quiebra o entra en pérdidas, ya que el Gobierno ha reconocido a la banca el derecho a cobrar esos activos incluso aunque no generen los beneficios necesarios para deducírselos en el pago del impuesto de sociedades. Guindos insistió en que si no se adoptase esta norma fiscal, “la banca estaría en desventaja” sobre la del resto de Europa. Y recalcó que en esta medida no existe “inyección de capital o ayuda, sino que se basan en una cuestión contable”.
La AEB consideró favorable esta norma no solo para la banca, sino también para la economía.
Los bonus de los banqueros no podrán superar el salario fijo
El Consejo de Ministros también aprobó un anteproyecto de ley, que se tramitará por vía de urgencia para su entrada en vigor en marzo, destinado a reforzar la solvencia de la banca. Una de las principales medidas aprobadas el viernes es la regulación de la retribución de los banqueros. Así, la retribución variable máxima que podrán percibir los directivos de las entidades financieras será del 100% del sueldo fijo y solo llegará a ser dos veces mayor cuando la junta de accionistas lo autorice. Además, parte de la remuneración variable total, a determinar por la entidad, deberá estar sometida a cláusulas de reducción o incluso de recuperación de remuneraciones ya satisfechas, con lo que se pretende evitar escándalos como los sucedidos con las elevadas retribución de los presidentes, consejeros o directivos de algunas cajas.
Se exigirá también a todas las entidades la necesidad de publicar las retribuciones percibidas anualmente por sus consejeros. Ydeberán aprobar con carácter vinculante sus políticas de remuneraciones, en paralelo a lo que se exigirá a las sociedades cotizadas.
También se impone límites al número de consejos en los que puede participar un consejero –dos más si se ejercen funciones ejecutivas y hasta cuatro si se carecen de ellas–. Se incluye la prohibición de ejercer simultáneamente el cargo de presidente y de consejero delegado, a no ser que excepcionalmente lo autorice el Banco de España. Con el fin de unificar la normativa de solvencia del sector bancario de cara a cumplir con sus inicios en el próximo ejercicio, el Gobierno ha decidido aprobar un anteproyecto de ley, que prevé que concluya su tramitación a finales de marzo.
El ministro ha defendido las nuevas normas al asegurar que persiguen atajar los errores que originaron la crisis financiera. En este sentido, se limitará el ratio de apalancamiento de las entidades en los años de bonanza para evitar que en los años de boom económico el crédito se expanda “tanto”.