Las medidas del Gobierno impiden 1.500 de los 40.000 desahucios anuales

El Gobierno ha hecho balance de la efectividad que han tenido las distintas medidas que se han ido aprobando para paliar el problema de los desahucios hipotecarios en España. El dato global, facilitado esta mañana por el Ministerio de Economía, indica que “más de 4.000 familias se han acogido” a las políticas de protección ideadas.

Conviene revisar el dato la supuesta efectividad de cada medida. El Ejecutivo apunta a que sus iniciativas han evitado 1.500 desahucios en el último año, si bien la cifra palidece respecto a los 40.000 anuales que se vienen produciendo según los datos del Banco de España, considerados los más aproximados a la realidad.

En concreto, el porcentaje de lanzamientos hipotecarios paralizados no llega al 4% del total. El código de buenas prácticas hipotecarias al que se invitó sumarse a la banca, informa Economía, también ha permitido 1.7000 reestructuraciones de deuda y 600 daciones en pago, acuerdo por el que el banco condona la deuda pendiente con la entrega del inmueble.

En cuanto al Fondo Social de Vivienda, el parque de 6.000 inmuebles aportados por la banca que el Gobierno ideó a finales del año pasado para cobijar a las familias en riesgo de exclusión social que hayan sido desahuciadas desde el 1 de enero de 2008, los datos indican que no ha resultado útil.

Economía aduce tras recibirse 1.305 solicitudes se han adjudicado 615 viviendas. Es decir, apenas un 10% del total de inmuebles disponibles en la bolsa. Y, de hecho, solo en 270 casos los contratos han sido ya firmados.

En la tramitación de la reforma hipotecaria, el PP admitió una única modificación de última hora: la posibilidad de flexibilizar los términos de acceso al fondo a partir de otoño si el parque no había sido completamente aprovechado.

Las peticiones, en principio permitidas hasta enero de 2015, están dirigidas únicamente a una sierie de colectivos en riesgo de exclusión social que cumplan además determinadas características especiales.

En concreto: familias numerosas, monoparentales con dos hijos al cargo; con un menor de tres años; con un discapacitado, víctimas de violencia de género o el deudor hipotecario en paro y sin prestaciones, siempre que perciban menos de 19.164 euros anuales y perdiera su única residencia por impago hipotecario.

A los beneficiarios, se les permite habitar una de estas viviendas temporalmente bajo un alquiler social de entre 150 a 400 euros. Con el 90% de estas viviendas desocupadas, se abre la posibilidad de que el Gobierno revise a la baja los requisitos exigidos para acceder a esta cobertura social.

Cláusulas suelo

Cuestionado por la polémica sobre las cláusulas suelo en las hipotecas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, que comparecía hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados, ha respondido que tras la sentencia del Supremo anulando las que no sean transparentes, el Gobierno actuó con celeridad. 

El ministro ha explicado que el Ejecutivo “inmediatamente instó al Banco de España” a aumentar el control sobre las entidades afectadas para garantizar el cumplimiento “escrupuloso” del fallo judicial y a “extremar la atención sobre la comercialización de préstamos con estas cláusulas” en el resto del sistema bancario, recoge Europa Press.

Guindos también ha señalado que el organismo supervisor ha incluido “como una prioridad” dentro de su Plan de Supervisión de 2014 “previsiones específicas” sobre este tema, y ha avanzado que en breve comparecerá a petición propia ante la Comisión de Economía del Congreso “otra vez” para abundar en este asunto y en cualquier otro que afecte a su departamento.