El dilema de Dilma
Brasilia manda a Petrobras a un choque con la realidad. Las políticas de la administración de la presidenta Dilma Rousseff tienen la culpa de la caída del 39% en los beneficios del tercer trimestre del gigante petrolero. Además, el aumento de su deuda, así como una mayor inversión de la necesaria, hacen que Petrobras parezca poco más que un brazo sin fines de lucro del gobierno. Puede que ni las elecciones presidenciales del año que viene puedan cambiar eso.
La estimación de ventas consensuada para los ingresos netos en el trimestre resultó ser un 72% mayor de los 3.400 millones de reales (1.131 millones de euros) que la empresa consiguió. Esta situación del balance se debe a la insistencia de Brasilia en que Petrobras venda el diésel a nivel nacional a un precio un 20% inferior al internacional, lo que podría ayudar a suprimir la inflación pero provocaría una pérdida de refinación de 8.600 millones de reales. Petrobras también tiene que comprar gran parte de su equipo a proveedores locales. Eso crea puestos de trabajo en Brasil, pero también eleva los costes –y explica por qué los gastos de exploración aumentaron un 70% en el tercer trimestre–.
La presidenta ha mostrado cierta flexibilidad al permitir a Petrobras subir los precios cuatro veces desde junio de 2012. Pero sus cargos aún no siguen el ritmo ni con el aumento de los precios del petróleo ni con el tipo de cambio a la baja en Brasil.
Además, la deuda neta de Petrobras aumentó un alarmante 20% este año hasta los 86.500 millones de dólares (62.726 millones de euros), casi tres veces el Ebitda anualizado en el trimestre. La consejera delegada, Maria das Graças Foster, estima que puede reducirlo que en los próximos meses. Pero también tiene que ayudar a encontrar los 100.000 millones de dólares (72.504 millones de euros) que se estima que hacen falta para desarrollar el campo petrolero de Libra.
Con las elecciones en un año, no es muy probable que Rousseff pare los pozos –y tampoco hay razón para esperar algo diferente tras los comicios–. Los accionistas privados podrían querer salir antes de que marcharse se convierta en una emergencia.