Las autopistas en quiebra tienen tres días para entrar en la entidad pública

Comienza la cuenta atrás para encarrilar uno de los conflictos que más preocupa a las grandes concesionarias de autopistas y, por ende, al Ejecutivo: la quiebra de una decena de autopistas de peaje en manos de nueve concesionarias, todas ellas participadas por las grandes constructoras cotizadas.

El Ministerio de Fomento dio este fin de semana a las compañías afectadas un ultimátum de tres días, hasta el próximo miércoles 30 de octubre, para que confirmen si se adhieren o no a la sociedad pública que ha creado el departamento que dirige Ana Pastor con el fin de nacionalizar las infraestructuras con problemas. Así, antes de esa fecha las concesionarias de estas vías de pago deben comunicar a Fomento si aceptan su última propuesta. En este planteamiento, el Ministerio mantiene en el 20% el porcentaje de la nueva sociedad pública que cede a las empresas actualmente titulares de las vías.

Ofrece además abonar a dichas empresas un total de 350 millones de euros por los importes que les adeuda por las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron y las modificaciones que sufrieron sus proyectos de obra, según informaron a Europa Press fuentes del sector.

No obstante, hasta el pasado viernes, las empresas mantenían su rechazo a aceptar esta propuesta e insistían en demandar a la Administración una participación del 49% en la nueva empresa nacional de autopistas.

El proyecto planteado por Fomento pasa por que todas las autopistas en riesgo de quiebra definitiva acepten integrarse en la nueva empresa nacional y no contempla que alguna se descuelgue del acuerdo.

De su lado, las concesionarias abogan por continuar negociando con el Ministerio, dado que, según recuerdan en fuentes del sector, en caso de no aceptar el proyecto e ir a liquidación, el Estado tendría que afrontar la responsabilidad patrimonial de las vías con el consiguiente efecto sobre el déficit público. Además, cabría la posibilidad de que acudieran a los tribunales.

Fomento trabaja desde hace meses en integrar en una sociedad pública a la decena de autopistas quebradas para garantizar su viabilidad futura y evitar que el Estado tenga que afrontar su responsabilidad patrimonial. El Ministerio cuenta ya con un acuerdo prácticamente cerrado con los bancos acreedores de las vías, con lo que el proyecto estaría pendiente del visto bueno final de Hacienda y la ratificación unánime de todas las autopistas.

La sociedad, que se aprobaría por Real Decreto, estaría participada al 80% por el Estado y al 20% por las concesionarias de las vías de pago que la integran. Se ha diseñado a un horizonte de 40 años y parte de la previsión de que el tráfico siga cayendo hasta 2015 para empezar a crecer en ejercicios sucesivos. Entre la decena de autopistas en riesgo de quiebra figuran las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante o la que une Madrid y el Aeropuerto de Barajas. En su mayor parte están participadas por las grandes constructoras cotizadas.