Cosas curiosas

Paraguay es un hermoso país en el que están poniendo sus ojos los inversores internacionales. La todavía reciente elección del nuevo presidente de la República, el exitoso y rico empresario Horacio Cartes, ha despertado el interés de los mercados financieros y la ilusión de los paraguayos que, amparados en un crecimiento anual del PIB cercano al catorce por ciento, creen que ha llegado su momento, como si se hubiera abierto para el país una ventana de oportunidad por la que todos esperan que penetren el crecimiento y el desarrollo que tanto necesitan la gran mayoría de sus seis millones setecientos mil habitantes, de los que casi un tercio vive por debajo de los límites de la pobreza. Horacio Cartes, es verdad, ha hecho de la lucha frontal contra la pobreza el objetivo prioritario de su gobierno, pero para alcanzar ese propósito la fuerza del Paraguay está, a mi juicio, no tanto en sus políticos como en la voluntad de su gente: más de un sesenta por ciento de la población tiene menos de treinta años y aspira legítimamente a laborar y vivir en un país más justo, donde la prosperidad económica este acompañada del paralelo progreso social que tanto necesitan. Y, aunque se preparan y se forman, saben que no será fácil, sobre todo porque han sido capaces de tomar conciencia de lo que les falta. En muy diferentes foros, muchos dirigentes empresariales están proclamando la necesidad de dejar de mirarse el ombligo y trabajar unidos para levantar el país, tarea en la que también trabaja el gobierno paraguayo que, por boca de su presidente, defiende sin reservas las alianzas público-privadas y que Paraguay sea un país “fácil para la inversión, fácil para el desarrollo y fácil para las ganancias. Que sea confortable para todos los que generan riqueza.”

Los paraguayos, no obstante estos mensajes tan esperanzadores, han podido constatar a lo largo de su existencia como pueblo que muchos políticos y algunas empresas/instituciones cultivan y practican con más frecuencia de lo que parece la disonancia entre palabras y hechos. Gastar el dinero en costosas campañas publicitarias para decir muchas veces que somos así, o que hacemos tal cosa, o que la vamos a hacer, no es garantía de que eso vaya a ocurrir. Ni la verbalización reiterada, ni los premios y reconocimientos amañados, ni mucho menos las certificaciones (tan de moda) hacen coincidir la teoría con la realidad y, sotto voce, todo el mundo sabe que lo importante son otras cosas. Por ejemplo, en este gran país, sus ciudadanos conocen que sus principales problemas son la tremenda desigualdad y una corrupción sin límites. Desde hace años, Paraguay, suspendiendo sin paliativos, ocupa uno de los últimos lugares en la relación de lucha contra la corrupción que cada doce meses nos regala Transparencia internacional. Y algo empieza a cambiar...

La mejor/única vacuna contra la corrupción pública, además de la convicción personal y del severo castigo a los corruptos, es la imprescindible voluntad jurídico/política de acabar con ella: transparencia y tolerancia cero en todos los ámbitos, personal, empresarial, institucional o político. Y no hace falta vocear que se quiere luchar con la corrupción; llega un momento en el que las palabras sobran, lo importante es ponerse a la tarea y acabar con ella, cuanto antes mejor, aunque muchas personas son conscientes de la dificultad que el propósito entraña porque el entramado de la corrupción está muy arraigado en la sociedad paraguaya y ya forma parte del paisaje. En el mundo de la política y de los grandes intereses económicos, nadie denuncia a nadie porque todos tienen algo que ocultar y el silencio cómplice agarrota plumas y bocas. Y si aparece un escándalo, en el país nadie da cuenta de nada y el verbo dimitir no se conoce. Y, en este ámbito, cobra singular importancia que la Corte suprema haya dictado una sentencia dando luz verde al conocimiento público de los sueldos de los representantes políticos y de los funcionarios. Por ahí se comienza y, claro, aunque los paraguayos honrados sabían lo que se les venía encima y no esperaban muchas sorpresas, algunos hechos han puesto de relieve que la realidad supera siempre a la ficción. Por ejemplo, la niñera de los hijos de un famoso diputado cobraba como empleada de dos empresas públicas, y con cargo al presupuesto de la nación, el hermoso sueldo mensual de tres mil dólares netos. La Cámara alta, con 125 escaños, tiene asignados 1.700 funcionarios (no es un error la cifra) y por si fuera poco, sin duda en aplicación de las más modernas teorías del management, en el Banco Central del Paraguay hay un jefe por cada empleado; todos, naturalmente, con excelentes remuneraciones, como sucede con los funcionarios del poder judicial, donde –según la prensa– una funcionaria de segundo rango gana más que los jueces de primera instancia y los miembros de un Tribunal de apelación. El desorden salarial reinante en los órganos del Estado es tan grande que desde todos los ámbitos se demanda una depuración (sic) de la estructura salarial del personal público. Tarea no le faltará al nuevo gobierno.

Mientras, la sociedad civil se moviliza: universidades, escuelas de negocios, asociaciones como ADEC y Exponegocios y numerosos dirigentes empresariales, sobre todo titulares de pymes siempre ansiosos de pelear por su país, han decidido que es la hora de la responsabilidad social, y se juramentan para defender y apoyar comportamientos corporativos guiados por valores y compromisos explícitos, sabedores de que las instituciones y las empresas, con independencia de su tamaño, son agentes productivos y pilares esenciales del desarrollo social y económico. Y, juntos, como aquellos conjurados (”...hombres de diferentes estirpes, que profesan/ diversas religiones y que hablan en diversos idiomas/ Han tomado la extraña resolución de ser razonables...”), están dispuestos a asumir su cuota parte de responsabilidad y dar respuesta sin excusas a las preocupaciones que inquietan y preocupan a sus conciudadanos. “Acaso lo que digo no es verdadero, ojalá sea profético”, concluyó Borges.

Juan José Almagro es doctor en Ciencias del Trabajo y abogado