El ejemplo de las cuentas saneadas de los municipios

La consecución del objetivo de déficit sigue siendo la primera prioridad del Ejecutivo. El desfase entre ingresos y gastos debe llegar al 6,5% del PIB este año y al 5,8% en 2014, tal y como se ha pactado con las autoridades comunitarias. En 2012, el esfuerzo de consolidación fiscal ha sido ingente, con más de dos puntos de PIB de ajuste del déficit en solo un ejercicio. Las tres administraciones (Estado central, comunidades autónomas y ayuntamientos) han rebajado sus cifras de déficit, mientras que la Seguridad Social ha ampliado su desfase en casi 10.000 millones de euros, como consecuencia del desplome del empleo y de las cotizaciones y el incremento imparable del gasto en pensiones.

Ese escenario se va a repetir este año y el que viene. El Gobierno prevé que los ayuntamientos estarán en equilibrio o en superávit, la Seguridad Social cerrará 2013 y 2014 con un déficit por encima del 1% y es a las autonomías y al Estado a las que les queda el grueso del recorte para estos dos ejercicios. Y para ello pueden tomar como ejemplo la política de consolidación de los ayuntamientos. Fuentes municipales apuntan a que los ayuntamientos han sido mucho más disciplinados que las otras dos administraciones a la hora de recortar los gastos y que cualquier desviación presupuestaria ha sido corregida de raíz a través de los mecanismos coercitivos impuestos. Y el principal de ellos ha sido la retención de las entregas a cuenta, que no son más que la participación en los ingresos del Estado.

En los Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo central establece una transferencia mensual a los 8.114 ayuntamientos por ese concepto que, en caso de desviaciones presupuestarias o de deudas impagadas con la Seguridad Social o con la Agencia Tributaria , no se realiza y pasa a manos de Hacienda. Un buen ejemplo se ha producido en septiembre, último dato disponible, en el que Hacienda ha retenido parte o el total de las entregas a cuenta a más de 1.700 ayuntamientos por dos razones:acumular impagos o no presentar a tiempo la liquidación de los presupuestos municipales.

En total, Hacienda ha recuperado 34 millones en un solo mes. Entre los municipios destacan por la cuantía de la retención tres ayuntamientos: Jerez de la Frontera (Cádiz), a la que se le ha embargado 3,6 millones de euros, seguido por La Línea de la Concepción (Cádiz), con 1,26 millones de euros y Jaén, con 1,14 millones. Entre los tres casos destaca el del ayuntamiento de Jerez, con una deuda cercana a los 1.000 millones de euros y un déficit presupuestario de 31 millones en 2011. Desde esa fecha no ha recibido las entregas a cuenta, lo que supone que Hacienda habrá recuperado 132 millones en los tres últimos ejercicios.

Ese mecanismo de corrección, que supone una suerte de intervención de las finanzas municipales, no se ha activado en el caso de las comunidades autónomas. Frente a los incumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria, especialmente en 2011, la respuesta del Ejecutivo ha sido la creación del Plan de Pago a Proveedores o del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para asistir a las autonomías con dificultades e incluso la aprobación de un déficit asimétrico. Ninguna comunidad ha sido intervenida ni se le ha retenido las transferencias que recibe del Estado.

Esa situación puede cambiar en los próximos meses con la aprobación del anteproyecto de control de la deuda comercial. El Ejecutivo quiere establecer un mecanismo para que las comunidades autónomas paguen a sus proveedores a un máximo de treinta días. Si no cumplen esos plazos, el Estado abonará la factura impagada y recuperará el dinero detrayendo las transferencias a las comunidades autónomas. Un nuevo modelo que, sin embargo, sufrirá retrasos por la falta de fondos para poner el contador de la deuda comercial a cero. El Ejecutivo dispone de 8.200 millones para financiar inicialmente el plan de pago a proveedores. Si a esa cantidad se le resta los 6.500 millones ya comprometidos para este año, el dinero que quedaría se limita a 1.700 millones de euros, una cifra claramente insuficiente para poder hacer frente a la deuda pendiente. Solo los impagos que acumulan las dos mayores patronales sanitarias (Fenin y Farmaindustria) superan los 6.000 millones de euros, a lo que habría que sumar las deudas de los autónomos.