Las eléctricas estiman que el déficit de 2013 superará los 4.000 millones

Las serias dificultades del Ministerio de Hacienda para cuadrar el déficit público están detrás de la resistencia de su titular, Cristóbal Montoro, a pagar todo el desfase de la tarifa eléctrica de este año. La vía más fácil y legal, aunque muy criticable, es la de hurtar al sistema eléctrico el crédito extraordinario que a principios de año decidió otorgar a Industria para sufragar costes de las renovables “hasta un máximo” de 2.200 millones, lo cual ha requerido de la tramitación de una ley en el Parlamento, a punto de concluir.

Si, como muchos prevén, el déficit público se va este año al 8%, los 2.200 millones supondrían casi tres décimas del mismo y, como la ley se lo permite, Hacienda puede pagar lo que quisiera por debajo de esa cantidad. En este punto, el Gobierno está en la encrucijada de optar o entre más déficit público, que obligaría quizá a una subida de impuestos, o más déficit de tarifa, que implicaría un aumento de los peajes. Esta elección es la más fácil y menos comprometida, se puede camuflar (cada día es más complicado por no decir imposible comprobar cuánto sube realmente la luz) y se podía endosar directamente a las grandes eléctricas sin poner en riesgo el aval del Estado.

Sin embargo, tras redoblar sus presiones, las de Unesa han logrado que el Gobierno (una vez más) rectifique en este último punto. Al fin y al cabo, se les había repetido y así figura en la orden de peajes de agosto (y en el texto de la nueva ley) que este año habría un superávit. La rectificación demuestra que el déficit se disparará, que Hacienda no pagará y que el mecanismo infernal vuelve a activarse: que serán de nuevo los consumidores los que paguen los desfases a 15 años y con un alto tipo de interés.

Entre las cinco grandes eléctricas, muy especialmente Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa, acumulan un endeudamiento superior a los 60.000 millones. Además, mantienen aún en sus balances derechos de cobro por la deuda eléctrica de 4.000 millones de euros. Aunque están sin titulizar, tienen derecho a cederlos al FADE para su emisión con el aval del Estado.

La decisión del Gobierno de que tendrían que asumir una nueva deuda –3.000 millones, según el Gobierno, o más de 4.000 millones, según ellas mismas procedentes, en buena parte, del déficit de tarifa que Hacienda no quiere sufragar– sería en este caso, sin anestesia, pues no tendrían la posibilidad de titulizarlo. Esto supondría cargar contra sus balances el voluminoso déficit de este año y los que surjan a partir del que viene (aunque estos con limitaciones) las abocaba “al bono basura” (ya están en el escalón previo en su rating).

Pero el profundo malestar por la reforma eléctrica, que consideran abiertamente un fracaso, no se limita al déficit. Las grandes rechazan el modelo de retribución de la distribución, con el que no recuperan el capital; consideran insuficiente la propuesta de hibernación de los ciclos combinados y que Hacienda no cumpla sus compromisos de financiar todos los extracostes de los sistemas extrapeninsulares. En este sentido, las de Unesa se muestran muy críticas con las prebendas que Industria otorga a REE, como la autorización para realizar 16 nuevas interconexiones insulares con un coste de 3.200 millones para el sistema.

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