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El Foco
Tribuna
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Una reforma educativa sin criterio

La tramitación del anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa provocó aluviones de opiniones y de cambios en los diferentes borradores que fue elaborando el Ministerio. Esto es comprensible en una norma tan trascendental como la que regula el sistema educativo de un país. La situación no parece que vaya a ser mas pacífica en su tramitación parlamentaria, y ya ha resurgido en la presentación de enmiendas con la incomprensible aprobación de pasar las matemáticas de asignatura obligatoria a optativa en el nuevo bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades.

A este respecto, es sabido que en la exposición de motivos las leyes cumplen la función de fijar el marco de la realidad económico-social en el que la norma se desarrolla, la interpretación que debe hacerse de aquel, e incluso precisar los objetivos que se persiguen con el fin de que los agentes implicados puedan actuar adecuadamente facilitando su consecución.

En este sentido, en la exposición de motivos de la LOMCE, desde los primeros párrafos, se plantea la reforma como instrumento “capaz de canalizar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor”.

Así mismo, se alude también a los resultados del informe PISA 2009, en el que se pone de relieve el insuficiente nivel obtenido en compresión lectora, competencia matemática y competencia científica, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE.

Las matemáticas constituyen una materia fundamental como soporte de los conocimientos

Es una realidad que los estudios internacionales ponen de manifiesto que los países que han mejorado, de manera relativamente rápida, la calidad de sus sistemas educativos han implantado medidas relacionadas, entre otras, con el refuerzo de los conocimientos instrumentales.

En el trámite de presentación de enmiendas, el partido del Gobierno propone la unificación de los bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales, con el resultado de que al tener que componer el conjunto de asignaturas troncales a partir de las dos asignaturas diferentes en los bachilleratos iniciales, el latín y las matemáticas, la balanza se ha inclinado a favor de la primera, sin que los argumentos utilizados para adoptar tal decisión sean convincentes, ya que responden a cuestiones de tipo organizativo que no está claro que tengan que producirse, mientras que los problemas que ocasiona de tipo académico son trascendentes. En un primer lugar, porque estamos hablando del bachillerato de Ciencias Sociales, que es con seguridad el elegido por un mayor número de alumnos, siempre bastante más que el de Humanidades y que tiene como destino, entre otras, las Facultades de Economía y de Empresa, en las que las matemáticas constituyen una materia fundamental como soporte de los conocimientos de muchas otras materias afines. Por lo tanto se prima la modalidad de Humanidades, cuyos alumnos no sufren ninguna modificación curricular, en detrimento de los de de Ciencias Sociales que son mucho más numerosos.

Además, es verdad que las matemáticas se pueden elegir como materia optativa pero en ese caso, al tener que elegir dos optativas de cinco posibles, hace que quienes vayan a estudios de economía o empresa elijan la asignatura de Economía quedando otra opción que bien podría ser las matemáticas. Sin embargo, ante esta situación, quedan fuera del currículo asignaturas de suma importancia para estos estudios como la Historia del Mundo Contemporáneo o la Geografía. Si la asignatura elegida es una de estas últimas, se podría dar el caso de que alumnos que opten por el bachillerato de Ciencias Sociales, con la intención de estudiar posteriormente un grado de los muchos que se ofrecen en las facultades de economía y de empresa, llegarían a él sin haber cursado ninguna de las dos asignaturas de matemáticas que existirían en el bachillerato, con las consiguientes lagunas en esta materia.

Es necesario, por tanto, aclarar que el programa a seguir dentro de los estudios universitarios debe ser una continuación de la formación que los alumnos hayan obtenido en el bachillerato, por lo que los nuevos alumnos llegarían con dos niveles distintos de conocimientos en matemáticas, según hubieran cursado o no dicha materia, lo que ocasionaría un grave problema que tendrían que resolver los centros universitarios, como ha sido habitual en estos casos con la impartición de clases especiales y supletorias, con el consiguiente retraso en alcanzar los objetivos del curso o, incluso, reduciéndose el nivel general de la materia.

Esperemos, por tanto, que se corrija lo antes posible este grave error por el bien de los estudiantes

Además, si los centros universitarios no adoptaran alguna solución a esta situación, la consecuencia puede ser que quienes vayan a las facultades sin la formación matemática adecuada, acaben abandonando los estudios al no sentirse capaces por si mismos de suplir el gap de formación que tienen. Esto supondría un elemento en contra a la hora de alcanzar el objetivo de la Unión Europea de reducir el abandono escolar.

En definitiva, el cambio de materias aprobado no contribuye a reducir el insuficiente nivel de matemáticas del que adolece nuestro sistema educativo, puesto de manifiesto por el informe PISA, y tampoco lo hace en lo que se refiere al refuerzo de los conocimientos instrumentales que se han mostrado eficaces para una rápida mejora de la calidad de los sistema educativos en otros países y, en general, no contribuye a alcanzar la principal misión del bachillerato, que no es otra que la de preparar al alumno para sus estudios superiores, ya sea la Universidad o los ciclos formativos. Esperemos, por tanto, que se corrija lo antes posible este grave error por el bien de los estudiantes que optan por la especialidad de las Ciencias Sociales, de nuestro sistema educativo y de la sociedad en general.

Juan Carlos de Margarida Sanz es secretario del Consejo General de Economistas y presidente del Registro de Economistas Docentes e Investigadores

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