Blackstone, al abordaje de Gecina contra viento y marea

En esta historia participan: la mayor sociedad de capital riesgo del mundo, Blackstone; la mayor inmobiliaria francesa, Gecina; la primera inmobiliaria del boom en España, Metrovacesa; la mayor fortuna valenciana del siglo XX, la familia Soler; el maestro de los empresarios del boom inmobiliario español, Joaquín Rivero. Todos ellos están involucrados en una de las mayores operaciones inmobiliarias que se está fraguando en Europa, la venta del 26,7% de Gecina en manos de Metrovacesa –un porcentaje valorado, a precios de mercado, en cerca de 1.500 millones de euros–. Pero los intereses de unos y otros pueden quebrarse por la tormenta judicial que se está formando y que amenaza con arrasarlo todo.

Blackstone ha dado muestras sobradas de estar preparando una operación sobre Gecina. El pasado año la firma de inversión, propietario en España de la compañía murciana de envases Mivisa, uno de los líderes europeos del sector, adquirió junto con la caja de ahorros canadiense Caisse de dépôt et placement du Québec, el 64,7% de la deuda que las sociedades Alteco y Mag-Import tenían por importe de 1.600 millones de euros con un sindicato bancario, y cuya garantía son las acciones que poseen (en total el 31%) de la inmobiliaria francesa Gecina.

Las dos sociedades son propiedad de la familia Soler (Mag Import, con el 15% de Gecina) y de Joaquín Rivero (Alteco, con el 16% de la francesa). Ambas se declararon en concurso el pasado mes de octubre, previendo que la banca acreedora no iba a refinanciar la deuda y que se disponía a ejecutar las garantías (y quedarse con las acciones de Gecina). Lograron así que el juez del concurso advirtiera taxativamente a las entidades financieras sobre la ilegalidad que supondría ejecutar dichas garantías.

Blackstone se ha sumergido en las procelosas aguas del sistema concursal español. Todas sus previsiones de negocio con la deuda adquirida a Rivero y Soler sobre Gecina depende de las decisiones que los jueces de los concurso de Mag Import y Alteco vayan tomando.

Blackstone y la entidad financiera de Quebec (a través de su fondo Ivanhoe Cambridge) informaron a la AMF (el regulador de los mercados en Francia) y a Euronext Paris, el 11 de marzo de 2013, que poseían el 64,7 % de la deuda a través de una sociedad con sede en Canadá, Blackstone Real Estate Principal Transaction Partners.

Sin embargo, según la información remitida a los jueces concursales españoles, los poseedores de la deuda son otros, entre ellos Bank of America y Merryll Lynch. ¿Por qué Blackstone informa en Francia una cosa y otra en España?

Expertos en derecho concursal consideran que la maniobra podría obedecer a la próxima votación del convenio de acreedores que propongan Rivero y Soler. La Ley Concursal no permite que empresas que compren deuda de sociedades en concurso mantengan su derecho de voto en caso de convenio, salvo que sean sociedades financieras (no es el caso de Blackstone).

Por si acaso la estrategia de Blackstone chocara con la ley española, la firma de inversión ha abierto un proceso paralelo en Luxemburgo con el fin de que un juez de ese país les de la razón en sus pretensiones de compra de deuda de Rivero y Soler.

Pero no terminan ahí las cartas que juega Blackstone para hacerse con Gecina. La firma, como publicó ayer en exclusiva este diario, ha presentado recientemente una oferta a Metrovacesa por su 26,7% en la inmobiliaria francesa (también lo han hecho el fondo Orion y Predica, del grupo Credit Agricole).

Mención especial en esta historia merece Caisse de dépôt et placement du Québec. Su alianza con Blackstone para adquirir la deuda de Mag Import y Alteco ha levantado suspicacias y son muchos los que se preguntan si no será la caja canadiense la entidad que realmente pretende hacerse con el control de Gecina.

Medidas cautelares contra la operación

Accionistas minoritarios de Metrovacesa representados por el abogado José Luis Abascal preparan una solicitud de medidas cautelares que presentarán en los próximos días en la Audiencia Nacional contra la decisión de Metrovacesa de vender su 26,7% en Gecina. Estos accionistas consideran que la operación podría suponer un delito de alzamiento de bienes.

Los mismos minoritarios presentaron en 2009 una querella criminal contra los acuerdos de separación de Metrovacesa, en la que se ven implicados los últimos consejos de administración de la empresa, por lo que se ven afectados también los principales bancos españoles, principales accionistas en la actualidad de Metrovacesa. A finales del pasado mes de julio, aseguran fuentes conocedoras del proceso, la Fiscalía Anticorrupción emitió un informe favorable al contenido de dicha querella.