La CE defiende la legalidad de la tasa Tobin ante las dudas del Ecofin

La Comisión Europea defendió hoy la legalidad de su proyecto para establecer una tasa a las transacciones financieras tras las dudas expresadas por el servicio jurídico del consejo de ministros de la UE. La batalla sobre el polémico proyecto arrecia a solo 48 horas de que en el Tribunal de Justicia europeo se celebre la vista sobre la denuncia presentada por el Gobierno de David Cameron contra la intención de 11 socios europeos de establecer una tasa a la actividad de sus entidades financieras, incluso en las operaciones que lleven a cabo en otras plazas europeas, como la City londinense, o, incluso, en países terceros, como EE UU o Suiza.

“La tasa está legalmente bien fundamentada y respeta por completo los Tratados de la UE y el derecho internacional”, señaló el comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semetas. El comisario lituano respondía así a un informe de los juristas del Consejo de la UE que acusa al proyecto de la CE de excederse en sus competencias fiscales y de distorsionar la competencia entre los países de la UE dispuestos a aplicar la tasa y los que se nieguen a hacerlo.

El informe, cuyo contenido fue revelado  por el diario británico Financial Times, no es vinculante, pero muestra las tremendas dudas que la tasa Tobin genera en el seno de las instituciones europeas y de algunos Estados miembros de la UE. Solo once de los 28 socios de la Unión se han sumado a la idea de crear una tasa que gravaría con el 0,1% los movimientos de acciones bonos y con el 0,01% la negociación de derivados. La tasa, según los cálculos que maneja el departamento de Semetas, podría recaudar unos 35.000 millones del euro, a repartir entre Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Bélgica, Austria, Grecia, Estonia, Eslovaquia y Eslovenia.

Los países que no pertenecen a la zona euro, y en particular el Reino Unido, temen el impacto de la tasa en sus propios mercados financieros y han intentado evitar desde el principio que avance el proyecto. Pero también dentro del grupo pionero están creciendo las dudas sobre una tasa que fue impulsada por la canciller alemana, Angela Merkel, y el ya expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy. España e Italia, que se resistieron a secundar la propuesta, aparecen como dos de los socios más proclives a abandonarla o, al menos, a limitar drásticamente su alcance.

El informe jurídico del Consejo de la UE parece apuntar en esa dirección, porque cuestiona la legalidad de una de las medidas incorporadas por la CE para evitar que la tasa provocase una fuga de la actividad financiera en los 11 países participantes. Con ese objetivo, Bruselas propuso en febrero de este año que el gravamen afectase a todas las operaciones en que participase al menos una entidad con domicilio en alguno de los 11 países, con independencia de dónse se ejecutase la transacción.