La subasta de Catalunya Banc fuerza el ERE más duro de la banca

Tensa reunión la de ayer entre los gestores de la nacionalizada Catalunya Banc y los representantes de sus trabajadores. El encuentro, que arrancó a las 10.30 de la mañana y se prolongó hasta pasado el mediodía, tenía por objeto fijar el marco de partida del ajuste laboral que afronta la entidad, cuyas negociaciones arrancarán oficialmente a inicios de septiembre.

La entidad controlada por el FROB, a la que le urge una fuerte reducción de costes de cara a incentivar su esperada venta en octubre, anunció el recorte de un tercio de los empleos bajo las premisas más severas que permite la última reforma laboral. “Es el ERE más duro que se ha presentado”, denunciaban posteriormente desde la Federación de Servicios de UGT aludiendo, no solo a las mejores condiciones que suele ofrecer la banca en sus ajustes, sino al caso concreto de las otras entidades nacionalizadas.

Así, la cúpula ejecutiva de Catalunya Banc ofreció ayer la mínima indemnización legal posible: 20 días de salario por año trabajado y tope en 12 mensualidades. Un punto de partida que en el que ni siquiera se situaron Bankia o Novagalicia, que inicialmente ofrecieron 22 días y 23 días, respectivamente, ambas con 14 mensualidades, y que terminaron llegando a acuerdo en los 30 días por año y 22 meses.

A partir de ahí, en todo caso, la fusión de las cajas catalanas se ofrece a flexibilizar el plan de salidas y a elevar el tope a 18 mensualidades de salario en el caso de que la plantilla que permanezca en la entidad asuma un recorte salarial del 15%, acepte una reducción del 50% de la jornada –y el sueldo– para parte del personal, y adopte la libre movilidad geográfica.

El ajuste, basado en el plan de reestructuración de Bruselas, es también especialmente elevado por volumen, ya que implica prescindir de 2.453 de los 7.200 empleados que restan en la entidad, y el cierre de 400 oficinas, comenzando por las 300 que están fuera de Cataluña.

Aunque hay que tener en cuenta que se trata solo de una primera oferta y que es usual que las partes acudan al comienzo de las negociaciones con posturas de máximos, las premisas de Catalunya Banc son las más duras que se recuerdan en el sector.

Prueba de ello, de hecho, es que la entidad ha vetado la posibilidad de acudir a la vía de las prejubilaciones, la puerta dorada por la que tradicionalmente saca la banca a sus trabajadores, descartando la salida de ningún empleado de más de 50 años.

El objetivo es eludir las penalizaciones impuestas por el decreto ley de marzo que obliga a las empresas a cubrir las prestaciones por desempleo, las cuotas a la Seguridad Social y una penalización adicional por cada trabajador de más de 50 años que despidan, en el caso de que encadenen varios ejercicios en beneficios. De esta forma, el FROB trata de evitar que los potenciales compradores de la entidad se sientan desanimados ante la posibilidad de terminar haciendo frente al coste de las prejubilaciones en el futuro.

Aunque es el equipo de José Carlos Plá, presidente de la entidad en sustitución de Adolf Todó, quien dirige las negociaciones, es el FROB quien marca las líneas rojas del ajuste. Su director general, Antonio Carrascosa, ya avanzó a principios de año en un foro organizado por este diario que el Estado está siendo “todo lo generoso” que pueden ser en los ajustes de unas entidades en las que “se han inyectado varias decenas de miles de millones de euros”. En el caso de Catalunya Banc, el montante asciende a más de 12.000 millones, cifra superada solo por Bankia, una entidad mucho mayor.

El planteamiento dibujado para el ERE de Catalunya Banc tiene, por tanto, el doble objetivo de limitar el gasto que aún tendrá para el Estado la intervención de la entidad y presentarla con un ajuste de costes suficientemente atractivo para su venta a manos privadas. Un proceso que se prevé abordar en octubre y culminar definitivamente antes de final de año tras las dos subastas fallidas que ya arrastra.