La prima de riesgo autonómica se reduce más de la mitad en un año
El diferencial de un bono catalán a diez años llegó a 750 puntos básicos hace un año y hoy se sitúa en 250 Las comunidades prefieren pagar más intereses antes que acudir al FLA
La prima de riesgo de las comunidades autónomas respecto al bono español a 10 años se ha reducido más de la mitad en el último año. Hoy, para un bono catalán que vence en 2023, el mercado secundario exige un interés del 7%, 250 puntos básicos por encima del bono español. Hace justo 12 meses, el interés requerido para la deuda catalana superaba el 13% y la prima respecto al Tesoro llegó a alcanzar los 700 puntos.
Es cierto que la situación de las finanzas públicas autonómicas se encuentra muy lejos de ser la mejor, sin embargo, el mercado ya no elucubra sobre la posible quiebra de una comunidad. El descenso de la prima de riesgo de la deuda soberana y la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que supone que el Tesoro avale la refinancación de la deuda autonómica, han tranquilizado a los inversores.
Fuentes del mercado indican que esta medida no solo ha beneficiado a las comunidades que se acogieron al auxilio financiero. El hecho de que el Tesoro estuviera dispuesto a respaldar el pasivo autonómico, rebajó la presión sobre todas las cuentas autonómicas, con independencia de su adhesión al FLA.
Entre el cuarto trimestre de 2012 hasta el primero de 2013, el fondo de liquidez ha prestado 19.884 millones a las comunidades. El 42% de este importe (8.385 millones) ha beneficiado a Cataluña, seguido de la Comunidad Valenciana (4.312 millones) y Andalucía (3.317 millones). La evolución en el mercado secundario de los bonos autonómicos registró una drástica caída a partir de septiembre de 2012, cuando el Ejecutivo empezó a formalizar los préstamos del FLA. Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco son los únicos territorios que no han precisado del respaldo estatal y han logrado financiarse directamente en los mercados.
Y ello lo han conseguido a precios relativamente racionales después de que el Tesoro prohibiera a las comunidades autónomas emitir deuda con un coste superior a los 100 puntos básicos del bono español a 10 años, que cotiza en el 4,5% en el mercado secundario. En caso contrario, deben acudir al FLA. Las comunidades protestaron por este límite, sin embargo, fuentes del mercado señalaron que ha resultado beneficioso para ellas en la medida en que ha obligado a los prestamistas a adecuarse a estos umbrales si querían cerrar una operación con una comunidad.
Un ejemplo de ello es Madrid, que ya en abril logró toda la financiación necesaria para el ejercicio 2013. Y ello se alcanzó cumpliendo la condición de que el coste financiero no sobrepasase los 100 puntos básicos. La caída de la prima de riesgo de España –y el consecuente descenso de los diferenciales autonómicos– ha animado a muchas comunidades a salir al mercado en el primer semestre. Castilla y León ya ha colocado casi el 80% de la financiación necesaria prevista para todo 2013 y también con un sobrecoste respecto al Tesoro por debajo de los 100 puntos básicos. Es cierto que los préstamos del FLA resultan más baratos y cuentan con dos años de carencia, sin embargo, implican sufrir el control exhaustivo de Hacienda. Y las comunidades prefieren pedir dinero a los bancos antes que a Moncloa.
Cuando las puertas del crédito siguen cerradas
A pesar de la mejora de las condiciones financieras, las puertas de los mercados siguen cerradas para algunas comunidades. Cataluña, Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias y Baleares son las autonomías que no han tenido otro remedio que acudir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2013, dotado con 23.000 millones de euros.
El resto, hasta el momento, ha logrado financiarse en los mercados y con un coste inferior a los 100 puntos básicos. Los Ejecutivos autonómicos se muestran reacios a acogerse al FLA porque ello supone abrir las puertas de las cuentas regionales a los técnicos del Ministerio de Hacienda. Una comunidad que acuda al FLA debe elaborar un plan de ajuste detallado, trasladar información periódica a Hacienda acerca de la previsión mensual de ingresos, del saldo de deuda, del perfil de los vencimientos o de “cualquier otra información económico-financiera que el Ministerio de Hacienda considere necesaria”.
La semana pasada, el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, lamentaba el estricto control que sufría su departamento por parte del equipo de Cristóbal Montoro. En cualquier caso, la situación de las finanzas catalanas obliga a la Generalitat a recurrir a los préstamos estatales ya que, a día de hoy, Cataluña no puede lograr financiación con un diferencial inferior a los 100 puntos básicos. Desde la Generalitat argumentan que la dependencia al crédito del Estado central es consecuencia del “déficit fiscal” que sufre Cataluña y que implica, según el Ejecutivo catalán, que la comunidad aporte más a la caja común de lo que recibe.
La deuda regional seguirá subiendo
No hay alternativa. La Administración Pública gasta más de lo que ingresa y, por lo tanto, necesita acudir al mercado para cubrir esa diferencia. Ello significa que el nivel de pasivo seguirá creciendo en los próximos ejercicios. Los últimos datos del Banco de España indican que la deuda autonómica alcanzó el 18,1% del PIB en el primer trimestre de este año, la mayor cifra jamás registrada. Es decir, 189.590 millones.
Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña son, por este orden, las comunidades que presentan peor situación al registrar una deuda cercana al 30% del PIB. En el lado contrario se sitúan Canarias, Madrid y País Vasco, cuyo pasivo no alcanza el 12%. Obviamente, las comunidades con mayor volumen de deuda son aquellas que presentan mayores problemas para acudir a los mercados.
El aumento del endeudamiento tiene un efecto directo sobre los presupuestos en la medida en que dispara el capítulo tres, dedicado a pagar intereses. En 2010, las comunidades destinaron 3.000 millones a este concepto. Este año, según sus propias previsiones presupuestarias, los Ejecutivos autonómicos reservarán más de 8.000 millones para pagar intereses. El conjunto de la deuda del sector público (Administración central, comunidades y ayuntamientos) alcanzó los 937.000 millones el pasado mes de mayo, un 89,1% del PIB. Hay que remontarse al año 1909 para encontrar una cifra superior.