Incentivar la búsqueda de empleo
Los datos sobre el gasto público acumulado de enero a mayo en prestaciones y subsidios por desempleo confirman que la factura en esas partidas comienza a disminuir. El Ministerio de Empleo gastó un total de 13.174 millones de euros en esos cinco meses. Ello supone 142,4 millones menos que el mismo periodo del año anterior, pese a que el pasado mayo se contabilizaban 176.000 parados más que en el mismo mes de 2012. La rebaja es fruto de dos oportunas modificaciones introducidas en el sistema de protección. La primera, implantada hace ahora un año, estableció un recorte de la prestación por desempleo del 60% al 50% de la base reguladora a partir del séptimo mes de cobro. La segunda se puso en marcha el pasado mes de marzo y consistió en un endurecimiento de la prueba de rentas para acceder al subsidio a mayores de 55 años, un cambio cuyo objetivo es reducir en un 20% el número de nuevos beneficiarios. A ambas modificaciones hay que sumar el inevitable desgaste que el alargamiento de la crisis está produciendo en el propio sistema. Ello se traduce, por un lado, en el agotamiento de las ayudas por desempleo, cuyo plazo máximo de cobro son dos años, y por otro, en una restricción del acceso a estas, dado que los nuevos trabajadores cuentan con menores periodos de cotización. Si hace un año las nuevas altas crecían a casi un 7% anual, en la actualidad caen en torno a un 3%.
La necesidad de reducir la carga financiera que suponen las prestaciones por desempleo en España es un tema complejo y con numerosas implicaciones sociales, pero también económicas. No hay duda de que la dureza de esta crisis exige reforzar la protección a los desempleados de larga duración y, por tanto, con menores posibilidades de conseguir un empleo, pero también hace necesario reforzar los incentivos para intensificar la búsqueda de un puesto de trabajo en el resto.
Las propuestas de los expertos para afrontar una reforma en ese sentido son varias. Desde quienes apuestan por modular las prestaciones de forma que al principio sean de menor entidad y vayan aumentando en los últimos meses, hasta quienes proponen la incompatibilidad del cobro del seguro de desempleo cuando el trabajador haya percibido una indemnización por despido cuantiosa. Las soluciones son discutibles, pero el objetivo debería ser único: diseñar un sistema de protección que se centre en los más frágiles y con menor capacidad de reinserción laboral, pero que no desincentive la difícil tarea que afronta todo ciudadano cuando pierde un empleo, buscar una nueva ocupación. Ello liberará unos fondos que pueden y deben emplearse en alimentar políticas activas para fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado.