Las ITV rechazan la liberalización por “atentar contra su carácter público”

La eliminación de incompatibilidades para poder instlar estaciones de ITV, o dicho de otro modo, la liberalización del servicio, no parece que vaya a dejar contenta a ninguna de las partes. Ya sea por excesivo o insuficiente, el proceso iniciado por el Ministerio de Industria se dirige a un escenario en el que todo puede cambiar para que, al final, nada cambie.

La última parte afectada en valorar el proceso ha sido la patronal que aglutina a las 56 principales empresas concesionarias del servicio, AECA-ITV. Si los concesionarios, los que más han defendido la eliminación de incompatibilidades, argumentan que la competencia hará bajar los precios de las revisiones y hará más cómoda la revisión al conductor, las actuales prestadoras del servicio defienden su “función pública” y el “marco de imparcialidad absoluta” que tiene el sistema actual, “para el que deberían centrarse esfuerzos para mejorarlo”, según afirmó ayer el secretario general de AECA.

Para reforzar su tesis, la patronal presentó una encuesta encargada a Demométrica con una muestra de 2.000 conductores. Según los resultados, el 69% aprueba el sistema actual y el 21,7% solo haría pequeños retoques para mejorarlos, y ponen una nota media de 8 a los seis aspectos principales de la revisión, como el tiempo, la localización o el resultado. “La supresión de las incompatibilidades es una decisión insólita que atenta de forma grave contra el carácter público de la inspección”, afirma Rivas, quien dice haber percibido la negativa y la extrañeza “de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas”, que son las que, en última instancia, aplicarán o no la nueva regulación.

De las 17 comunidades autónomas, 11 prestan el sistema en régimen de concesión, tres lo hacen de forma directa o a través de empresas públicas creadas al efecto, y tres en régimen de autorización. Si mantuviesen su política actual, y la opinión que dicen haber recabado en la AECA, no serían demasiadas las que abrirían la mano a la entrada de empresas con intereses en la reparación o venta de vehículos.

La discusión del nuevo Real Decreto ya ha agotado la mitad del tiempo. El plazo es de treinta días hábiles, de los que ya han pasado unos quince, y todas las partes han comenzado ya a presentar sus alegaciones. Lo que sí indican desde ambos lados de la mesa es que Industria quiere mantener la estructura de las ITV como estaciones individuales, con sus propias instalaciones y medios homologados por las normas ISO y la Entidad Nacional de Acreditación.

La construcción de este tipo de estaciones estaría valorada en dos millones de euros, por lo que la liberalización podría reducirse a la asociación de varios concesionarios o a la entrada de grupos económicos con esta capacidad financiera.